La industria automovilística de España se manifiesta en contra del Gobierno por el proyecto de ley que recoge la prohibición de vender coches diésel y gasolina a partir de 2040

El Gobierno adelantó ayer parte del contenido del borrador que se está perfilando para su presentación en el Congreso del proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, una ley con la que pretende reducir drásticamente las emisiones de dióxido de carbono que se emiten cada año en nuestro país, y para ello, siguiendo la tendencia de otros países europeos, pretende centrar sus esfuerzos en la industria del automóvil.

Según se recoge en el borrador, el Ejecutivo planea prohibir la matriculación y venta, a partir del año 2040, de turismos y vehículos comerciales ligeros con motor térmico, es decir, vehículos de gasolina, gasoil e híbridos cuyo motor de combustión se alimente de cualquier combustible derivado del petróleo, donde también estarían incluidos los vehículos que funcionen a gas licuado del petróleo (GLP) o gas natural comprimido (GNC).

Ante este anuncio, las patronales del sector del automóvil Anfac y Faconauto, y el sindicato CCOO, han expresado su disconformidad con el planteamiento recogido en este proyecto de ley y han rechazado de plano el proyecto debido a que «tendrá un fuerte impacto negativo en la demanda, fabricación y futura adjudicación de nuevos modelos a las fábricas en territorio nacional«. Esta afirmación está basada en que, a pesar de que España es el segundo productor europeo de vehículos por detrás de Alemania y el octavo mundial, la asignación de vehículos eléctricos a sus plantas es muy baja debido a que su cuota no alcanza el 1% del total del parque móvil.

La Asociación Española de Fabricantes de Automóviles, Turismos y Camiones (Anfac) ha publicado una nota de prensa en la que se advierte de unas probables implicaciones económicas, laborales y sociales de este proyecto además de «severos impactos» en el tejido industrial español, el cual representa el 10% del PIB del país.

Anfac tacha este borrador de «una reconversión industrial completa y acelerada« de las fábricas españolas que no van acompañadas de «importantes medidas que ahora se desconocen» para aumentar la inversión en tecnología en las plantas para evitar que pierdan competitividad y puestos de trabajo frente al resto de factorías europeas. Además, tacha este plan de «excesivo en sus objetivos y acelerado en sus plazos«.

Por otro lado, Faconauto, la patronal de los concesionarios, teme que este anuncio haga bajar aún más las cifras de ventas de vehículos en España. Alega además a la incertidumbre causada en los ciudadanos debido a las restricciones circulatorias en las grandes ciudades, que se ven agravadas con este proyecto de ley. Faconauto, al igual que Anfac, teme que esta ley produzca una mayor caída de ventas con la consiguiente pérdida de empleos en las fábricas españolas.

Por su parte, el responsable de automoción del sindicato CCOO, Joaquín Ferreira, ha tachado al Gobierno de «inquisidor ecológico« y ha pedido que se evite poner fechas a la desaparición de los motores de combustión interna. Es más, califica al proyecto de ley propio de «un país del Quijote«, ya que según Ferreira las medidas a seguir para la descarbonización del transporte por carretera deberían ser las directivas de la Unión Europea.

Al contrario que la línea de opinión general, Arturo Pérez de Lucía, director gerente de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso del Vehículo Eléctrico (Aedive) ha expresado su acuerdo con estas medidas proyectadas y ha añadido que «no se ha hecho nada en los últimos años para reducir las emisiones de CO2 y ahora hay que correr«.

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Fuente | Anfac

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