El pasado mes de junio, después de casi seis meses desde su aprobación, se ponía por fin en marcha el Plan Renove de Vehículos 2020 (PAVEA). Un proyecto del País Vasco que buscaba incentivar la sustitución de vehículos por modelos más eficientes en el marco de una situación que además pretendía dar un impulso a un sector duramente castigado por la crisis del coronavirus. Pero ahora 100 días después el presupuesto se ha terminado, y los clientes se enfrentan a una situación de incertidumbre.
En un primer momento el presupuesto se había estimado en apenas 5 millones de euros. Pero a la vista de que esta dotación no sería suficiente, el gobierno de Euskadi decidió duplicar la cifra con carácter retroactivo. Algo que ha permitido contar con 10 millones de euros y poner en la carretera un total de 4.800 nuevos vehículos.
Este caso es un ejemplo de como no hacer las cosas ya que la división del presupuesto entre comunidades provoca que en aquellas donde haya más demanda se puedan vender menos coches, quedando remanentes sin usar en las que menos ventas tienen.
Pero la peor parte se la llevan los que estaban pensando en comprarse un coche más eficiente, que se enfrentan a una situación donde las ayudas no podrán ser concedidas oficialmente hasta que el total del presupuesto esté asignado en firme a las personas beneficiarias. Algo que supondrá que se seguirán admitiendo solicitudes «pero sin garantías de concesión».
Por supuesto también criticable que a día de hoy todavía se destine dinero público a incentivar motorizaciones contaminantes y con emisiones de efecto invernadero, como los vehículos diésel, gasolina o a gas.
¿Y qué pasará ahora? Pues lo normal sería una nueva ampliación de la dotación presupuestaria que permita desatascar algo la situación de aquellos que han decidido la compra de un vehículo nuevo y han completado los trámites para solicitar la ayuda, pero se encuentran en una posición donde no saben qué hacer. Todo en un programa que como recordamos obliga al achatarramiento de un vehículo viejo.
Un nuevo ejemplo de que el sistema de ayudas mediante subvenciones no funciona en un país como España, donde cada comunidad debe gestionar sus fondos y también poner en marcha su plataforma para la concesión de dichas ayudas. Algo que como vemos supone solo en trámites burocráticos seis meses, para un presupuesto que se termina en 100 días.
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