Instalar una estación de carga pública para coches eléctricos en España no es una tarea para cobardes. Los muchos frentes burocráticos a los que se tiene que enfrentar cada estación hace que la expansión de la red sea mucho menor de lo que corresponde a nuestro mercado. Algo que los operadores han confirmado con una nota de prensa donde indican que con más facilidades, la red podría dispararse en 100.000 nuevas estaciones en los próximos 4 años.
Se trata de un asunto de máxima urgencia, ya que la falta de una infraestructura frena las ventas de un sector que está viviendo un momento crítico por culpa de la pandemia. Una situación que se podría mitigar ligeramente de contar con una red de recarga más amplia.
La asociación del vehículo eléctrico de España, AEDIVE, ha publicado una nota de prensa que pone el dedo sobre los problemas que sufre el despliegue de esta red en un país como España donde los principales problemas tienen su origen en la administración pública.
Para AEDIVE, lograr llegar a las 100.000 estaciones hasta 2024 solo será posible cuando se resuelvan las trabas administrativas que actualmente lastran la puesta en marcha de este tipo de infraestructuras. Además también entran en juego la cuestión de las ayuda públicas, que no sólo están por debajo de lo habitual en Europa, sino que incluso el acceso a las mismas choca con absurdas normativas regionales, como la impuesta por Galicia, que obliga a las empresas que quieran acceder a los incentivos el tener una sede o centro de trabajo en la comunidad. Algo que perjudica principalmente a los operadores más pequeños, y que más protagonismo están teniendo en esta primera fase.
Para Arturo Pérez de Lucia, director general de AEDIVE: “el problema no radica en la industria ni en las empresas, que están motivadas y dispuestas, sino en las dificultades que tienen los operadores para poder instalar y operar los puntos de recarga y ese es un problema que parte principalmente de las Administraciones Públicas, que por otro lado son las que reclaman ese despliegue”.
Estos operadores, entre los que se encuentran las comercializadoras eléctricas, empresas energéticas y compañías especializadas en el despliegue de este tipo de infraestructuras, han participado en un grupo de trabajo en el marco de AEDIVE, donde se ha analizado la posibilidad de poder cumplir con el objetivo anunciado por el Gobierno, para lo cual se han analizado las instalaciones existentes y pendientes de los permisos que habiliten a su operación, como de los proyectos a futuro inmediato de despliegue de cada una de las empresas en los próximos cuatro años.
Barreras para el objetivo
Los operadores de carga en España se encuentran, principalmente, con dos barreras a la hora de desarrollar la infraestructura. Por una parte, los permisos que dependen de la Dirección General de Carreteras. Por otra, los permisos y criterios que rigen en cada ayuntamiento para el despliegue de puntos de carga.
En lo que atañe a la primera barrera, inicialmente se asimilaron los puntos de recarga para coches eléctricos a las estaciones de servicio, con lo que los requisitos para su implantación son muy estrictos. Recientemente se ha hecho una modificación al respecto, suavizando algo los requerimientos, pero, aun así, el trámite es complicado y dificulta muchas operaciones.
El plazo de tiempo que tarda este organismo en responder es también desorbitado, ya que puede alargarse hasta un máximo de seis meses y si en ese tiempo no hay respuesta, se entiende que el silencio es negativo, lo que implica volver a empezar y ello está retrasando significativamente todas las instalaciones en carretera. En carreteras autonómicas o provinciales hay que ajustarse a la normativa de cada administración y en algunos casos el trámite es más sencillo.
Permisos y licencias
Los ayuntamientos y las Comunidades Autónomas, tiene normativas y/o criterios diversos a la hora de autorizar la instalación de puntos de recarga, lo que complica los procesos de tramitación, y en ocasiones los retrasan. Los permisos de obras para puntos de recarga pueden obtenerse de forma ágil o todo lo contrario, con grandes variaciones entre municipios y comunidades para solucionarlo, desde AEDIVE se proponen algunas medidas:
- Que las instalaciones de recarga en suelo público se liciten de forma homogénea, priorizando la calidad y los aspectos técnicos del proyecto respecto al canon económico a pagar, con una duración del acuerdo a largo plazo y acceso público garantizado para cualquier usuario.
- La validación de una declaración responsable frente a la cantidad de licencias municipales, del MITMA, de la Confederación Hidrográfica y otros instrumentos administrativos que dificultan la instalación y puesta en marcha de este tipo de infraestructuras.
- Una ventanilla única para las administraciones, con el fin de resolver las dudas sobre permisos, concesiones demaniales, ayudas y trámites ya que a veces, los servicios técnicos municipales se ven desbordados por la tramitación, en general por desconocimiento, y tardan meses en contestar.
- La declaración de interés estratégico nacional a las infraestructuras de más de 250 kW, que conlleva la reducción de los trámites administrativos que afectan a iniciativas de gran capacidad para generar innovación, empleo y sostenibilidad económica, social, territorial y medioambiental y que es un paso avanzado respecto a la declaración de utilidad pública de las infraestructuras, en base al Real Decreto-ley de medidas para impulsar las energías renovables y favorecer la reactivación económica, aprobada en junio de 2020 por el Consejo de Ministros.
- Agilizar por parte del Ministerio de Industria la aprobación de proyectos eléctricos necesarios para acometidas de media tensión para desplegar infraestructuras de recarga, que actualmente implican tiempos de hasta 1 año.
- Duplicar el periodo de las concesiones para Áreas de Servicio, que actualmente son de 5 años, con el fin de hacer rentable la inversión de los operadores en este plazo.
Reducción de costes de inversión y de explotación
La Circular 3/2020 de la CNMC ya estableció un peaje específico opcional para puntos de suministro dedicados en exclusividad a la recarga de vehículos eléctricos de acceso público, con menor peso del término fijo, pero
- Sigue pendiente el desarrollo de los cargos, para lo que AEDIVE solicita la eliminación de los cargos de la tarifa eléctrica
Por otro lado, las inversiones en infraestructura eléctrica para conectarse a la red que han de realizar los operadores de recarga en algunos emplazamientos pueden llegar a representar un porcentaje muy elevado de la inversión total, llegando a frenar el desarrollo de infraestructura de recarga, dada la baja utilización de la misma a día de hoy, por lo que se plantea desde la patronal de la movilidad eléctrica
- Establecer medidas para facilitar el régimen de acometidas para puntos de recarga de acceso público en suelo no urbanizado de manera similar a los que realiza en suelo urbanizado.
Asimismo, en el proceso de desarrollo e instalación de la infraestructura de recarga, desde AEDIVE se propone
- Aplicar un IVA reducido para la electricidad destinada a la recarga eléctrica en los puntos de acceso público, así como
- Un incremento en el presupuesto del plan MOVES dedicado a infraestructuras de recarga y unificar los criterios de acceso entre las diferentes comunidades autónomas.
- Facilitar líneas de crédito flexibles (tipo ICO) para la electrificación de flotas de empresa, e
- Implantar un mercado o tasas de emisiones de la movilidad al igual que existen en otros países europeos, por el que los propietarios de infraestructura que promueven la energía verde en sus instalaciones puedan vender dichos derechos dentro de un mercado global de emisiones de movilidad o que en su defecto, exista un mercado de emisiones para aquellos operadores (no necesariamente propietarios de infraestructuras) que provean de certificados de origen renovable a la energía que consume un determinado vehículo.
Fuente | AEDIVE
