En los últimos meses estamos viendo como las ventas de coches eléctricos están despegando en los principales mercados europeos. Una tendencia en la que España está siendo una de las excepciones y donde las matriculaciones aunque suben, lo hacen a mucho menor ritmo. Entre las razones podemos encontrar dos fundamentales, los programas de ayudas ineficientes, y la pobre red de recarga. Ante la pregunta de cuál debería priorizarse muchos dicen que la segunda, pero la realidad en nuestro país hace que sea mejor centrarse en la primera.
Evidentemente en un escenario ideal desde las administraciones deberían apoyarse ambas cosas. Tanto poner en marcha un programa de ayudas serio, como favorecer la expansión de las redes de recarga pública. Algo que teóricamente ya se hace de la mano del nuevo Plan MOVES III. Pero la letra pequeña está arruinando todos los esfuerzos.
Y es que en el debate de si ayudas públicas a la compra de vehículos o ayudas a las redes de recarga, entra en juego un factor clave que hace que la primer opción sea más realista y efectiva que la segunda. Esta es la burocracia y las competencias.
Y es que en la actualidad si un operador quiere poner en marcha una estación de carga rápida, se enfrenta a una maraña burocrática que provoca que muchas estaciones ya terminadas tengan que enfrentarse a un proceso muchas veces interminable para lograr el permiso para operar. En algunos casos más de un año para recibir el permiso del ayuntamiento, diputación…o cualquier otro organismo que tenga competencias en el terreno donde se ha instalado el punto.
Unas estaciones que han recibido ayudas públicas para su instalación, pero que como hemos visto en demasiados casos necesitan meses o años para ponerse en marcha. Si es que lo logran. Un dinero público que está parado y que no se ha destinado a incentivar las ventas de coches en unos programas hasta ahora pírricos en cuanto a dotación.
La cuestión es que muchos estarán pensando en que las ayudas tampoco son la panacea. Y tienen razón. Pero en España. Y es que con los Planes MOVES el formato ha dado un cambio radical donde el cliente tiene que adelantar el dinero del vehículo, y luego esperar pacientemente a que el estado le ingrese la ayuda en su cuenta. Algo que puede demorar meses y que desanima a muchos compradores. Un sistema en algunos casos perverso por la transferencia de las competencias a las comunidades autónomas, donde muchas veces se ponen imaginativos y crean de la nada normas absurdas que dificultan todavía más el acceso a dichos fondos que en muchos casos quedan desiertos.
Dos ejemplos de esta tremenda chapuza. En Galicia por ejemplo, para acceder a las ayudas, los fabricantes de coches y los operadores de puntos de recarga necesitan tener presencia física con una oficina en la comunidad autónoma para poder acceder a las ayudas. Un esperpento que es el hazmerreír de toda Europa.
Es por eso que dadas las características de nuestro país, la mejor solución será la más sencilla, una reducción fiscal de los vehículos. Un IVA al 0% o superreducido, que permita quitar el pie del freno de las ventas de coches en un país que está perdiendo el tren no solo a nivel comercial, sino también a nivel industrial en unas inversiones que curiosamente se están marchando a donde mayor implantación por habitante tiene el coche eléctrico.
Una cuestión mucho más importante que abaratar los coches para los ricos, y del que depende el futuro energético e industrial de nuestro país, que está siendo tratado como un asunto de tercera por parte de las diferentes administraciones.
Vosotros qué pensáis ¿reforma fiscal o ayudas a las redes de recarga?
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