Después de muchos años dando la espalda a la evidencia, el gobierno de España ha visto que el coche eléctrico no era solo una cuestión publicitaria o una cosa de ricos. Se trata del futuro de la industria donde muchos llevan años apostando, lo que les ha colocado mucho mejor que a nosotros a la hora de captar las inversiones para poner en marcha nuevas líneas de producción de vehículos, pero también de las fundamentales baterías.
Y es que venimos de una década perdida donde las diferentes administraciones han destinado más dinero en un solo año a las ayudas a la compra de coches diésel, que en toda la década a los coches eléctricos. Por ejemplo, en 2009 se destinaron 400 millones de euros. y es que en total, los siete planes de ayudas aprobados solo durante el gobierno de Mariano Rajoy sumaron 890 millones de euros de ayudas para los coches diésel y gasolina.
¿Y los coches eléctricos? Sin duda las cifras son sintomáticas y explican nuestra delicadísima situación actual, a la cola de Europa en ventas, y con las inversiones huyendo al centro y norte de Europa.
En 2014 el primer Plan de ayuda al coche eléctrico, Movele, contó con 10 millones de euros de presupuesto. Un año después se renovó con 7 millones, que volvieron a ascender hasta los 16 millones en 2016, pero incluyendo modelos a gas. Y así hasta 2019 donde se llegó con 45 millones de euros, y el 2020 donde ascendió hasta unos teóricos 2020.
Pero cuando tendríamos que echar las campanas al vuelo con una dotación mínimamente decente, todo se ha venido abajo por culpa de una chapucera gestión que ha dado como resultado un sistema farragoso en lo burocrático, donde el cliente tiene que adelantar el dinero y poner unas velas al santo de turno para ver si cobra y cuándo. Todo además con los fondos en manos de las autonomías que se han puesto imaginativas para poner trabas a su puesta en marcha. El resultado salta a la vista y mientras toda Europa crece en ventas de eléctricos de forma notable, España languidece con unas cifras a la baja.
La búsqueda de inversiones
Ahora desde el gobierno se trabaja en tratar de captar la mayor cantidad posible de los fondos de recuperación e invertir una parte en incentivar las ventas, pero también en frenar la sangría industrial con la marcha de algunos fabricantes a otros mercados más competitivos.
Con dos o tres años de retraso, la administración trata de convencer a los fabricantes de baterías que España es un lugar idóneo para instalar sus gigafábricas. Algo que Alemania y Francia llevan haciendo años.
Una iniciativa donde se destinarán 13.000 millones de euros para incentivar la reactivación del mercado con iniciativas como la promoción de las ventas de coches eléctricos, mejorar la infraestructura de carga y construir su primera planta de baterías a gran escala.
Una iniciativa que contará con una capacidad de unos 40 GWh al año y un presupuesto de 2.500 millones de euros, que supondrá la creación de miles de puestos de trabajo directos e indirectos.
Pero ahora además de conseguir la financiación y los socios para llevar a delante la iniciativa, hay que encontrar el lugar indicado para la planta. Algo que ha elevado las tensiones entre las comunidades con el riesgo de seguir profundizando en las desigualdades en la implantación de la gran industria existente en nuestro país. Algo que sería todavía más grave de contar con dinero público por medio.
Pero no es ni mucho menos el único proyecto que marcha. Desde el gobierno se ha logrado que fabricantes como Renault, Volkswagen o Ford, hayan optado por realizar parte de sus inversiones en nuestro país. Una señal de que algo podría estar cambiando.
Por ejemplo, Finalmente pare que Volkswagen levantará una gran fábrica de batería en España en lugar de Francia o Portugal, y que estará en funcionamiento en cinco años. También SEAT ha confirmado que contará con una capacidad de producción de 500.000 coches eléctricos al año en su planta de Barcelona para 2025.
Stellantis también trabaja en levantar una gran fábrica de baterías para eléctricos en España, uno de sus principales centros de producción.
Pero como vemos, queda mucho por lograr y la actitud de las administraciones poniendo barreras al despegue del coche eléctrico en nuestro país no hace más que perjudicar el desarrollo de una industria que supone el 10% del PIB. Y después del desastre del turismo por culpa del Covid, no estamos como para dejar escapar otro sector clave con un enorme futuro.
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