El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que maneja el Gobierno de España trae consigo una serie de cambios que afectarán directamente al usuario del automóvil. El coche ha sido y es, una fuente de ingresos para las diferentes administraciones públicas, no sólo en el momento de la compra, sino a lo largo de toda la vida útil del vehículo.
Lejos de poner fin a esta situación, el futuro está dibujando un panorama mucho más sombrío desde el punto de vista de los costes de posesión y uso de cualquier automóvil. Los años venideros no parecen mejorar la situación, como consecuencia de los nuevos peajes que gravarán duramente el uso de las autopistas y autovías del estado.
Ahora, el modelo de financiación está cambiando y en momentos de déficit récord y con la deuda prácticamente en máximos, la necesidad de recaudación del Gobierno ha puesto al automovilista en el punto de mira.
El equipo de la Ministra de Transportes, Raquel Sánchez, parece abrir la posibilidad a cobrar también por el uso de las carreteras secundarias que podrían entrar, en ciertos casos, dentro del grupo de las denominadas «vías de alta capacidad«.
Bajo el concepto de cobrar por el uso de las carreteras más transitadas, las vías secundarias podrían finalmente colarse dentro de las carreteras afectadas por esta polémica y controvertida medida recaudatoria.
Bajo el mantra del «pago por uso» o «el que contamina paga«, se está tratando de convencer a la sociedad de un pago por la utilización de los servicios públicos financiados con los impuestos de toda la ciudadanía, en este caso las carreteras del estado. Esto puede suponer una doble imposición para millones de personas que usan las carreteras cada día, mientras que los no usuarios tampoco verán reducida su carga impositiva.
Además este tipo de medidas son un arma de doble filo, puesto que propician corrientes de opinión que utilizan esta misma justificación para plantearse si deben pagar por servicios que no usan, como la educación para aquellos que no tienen hijos, y un largo etcétera. Esto provoca un debate en contra de la solidaridad social propia de la redistribución equitativa de los recursos a través de políticas económicas, tributarias y fiscales.
Lo que más que un mantra, para los más críticos, resulta una falacia con fines recaudatorios, el objetivo del Gobierno es poner fin al déficit que la conservación de la red viaria lleva consigo. Según la Asociación Española de la Carretera (AEC) este ascendió en 2019 a 7.000 millones de euros. En la actualidad la cifra habría crecido hasta los 8.000 millones.
Dentro de este plan de peajes por el uso de la mayoría de la red viaria española, el coche eléctrico podría verse favorecido en una primera fase con descuentos en el pago por uso de las carreteras.
Desde el ministerio deslizan que los coches cero emisiones tendrían descuentos en el pago de cada kilómetro utilizado aunque parece que, de nuevo, se vuelve a caer en el grave error de meter en el mismo saco a los híbridos enchufables junto a los auténticos y únicos automóviles capaces de garantizar las cero emisiones reales; el coche eléctrico a baterías.
De momento parece que el plan es que los ‘electrificados’ paguen menos que los de combustión interna, independientemente de que sean verdaderamente cero emisiones o no, error que a día de hoy se repite con las etiquetas de la DGT.
De salir adelante este sistema, España podría perder una oportunidad de oro para promocionar verdaderamente la transformación del parque móvil, hacia la erradicación total de las emisiones de gases efecto invernadero y perjudiciales para la salud.
Si se llegará a ejecutar el plan original que mezcla a coches contaminantes (PHEV) con los eléctricos puros, se perderá la oportunidad de crear una primera fase donde el coche eléctrico podría gozar de una exención total de esta nueva medida recaudatoria, para fomentar una transición más rápida y cumplir con los objetivos dictados desde Bruselas, tarea en la que España acumula un preocupante retraso en términos de volumen de automóviles limpios en circulación y cuota de mercado.
Mientras desde el ministerio las medidas toman forma, el reconocimiento por parte del Gobierno de que no cumplirá el objetivo de déficit, hace que el peaje de las carreteras se pueda ampliar y amenace a más tipos de vías, algo que supondrá un duro golpe para el bolsillo y la renta de las familias que usan el automóvil en el día a día, eléctrico, de gasolina o diésel.
