La movilidad eléctrica esta trayendo importantes avances en cuentas a sostenibilidad y mejora del medioambiente, en las ciudades y poblaciones donde el coche eléctrico incrementa sus números. Pero ante estas ventajas ambientales y de mejora de renta de las familias, por el menor coste de propiedad del vehículo a baterías, hay una contrapartida a la hora de cuadrar las cuentas del estado.
A mediados de año el Fondo Monetario Internacional (FMI), publicó un informe donde se incitaba a Noruega a comenzar a gravar los coches eléctricos de alta gama, con el objetivo de reducir el impacto general que sus generosos incentivos tienen sobre las arcas públicas.
A medida que avanza el número de automóviles cero emisiones, en países como Noruega donde el coche eléctrico es una realidad mayoritaria y no la excepción como en España, comienzan a ver la otra cara de la moneda de una movilidad que mejora la salud y el medioambiente pero que no engorda las arcas del Estado.
Mayor salud menores ingresos
El automóvil ha sido tradicionalmente una fuente de ingresos para los estados a nivel mundial, especialmente en Europa y España, el coche ha sido ordeñado por las diferentes administraciones hasta la saciedad, donde ahora se valora un nuevo giro de tuerca recaudatorio donde tras gravar las autopistas y autovías, el Gobierno se plantea peajes en las carreteras secundarias, al que se sumará un fuerte incremento del precio por estacionar en las zonas azules de las ciudades.
Pero la llegada de la movilidad cero emisiones, la verdadera no la de las etiquetas de la DGT, generará un problema importante en los futuros balances de los ingresos de los diferentes países, como consecuencia de la falta de recaudación tributaria, ligada a ciertas exenciones fiscales y, especialmente, por el menor consumo de combustibles fósiles.
Algunos estados, especialmente en América del Norte y Australia, ya están considerando la imposición de impuestos específicos capaces de cancelar la caída de los impuestos especiales y evitar los agujeros presupuestarios.
Noruega, que se ha convertido en el banco e pruebas donde se anticipan el futuro del resto del mundo, en cuanto a la movilidad cero emisiones, está sufriendo los efectos de boom del coche eléctrico y la reducción contextual de la flota de automóviles con motores de combustión interna.
Agujero en las arcas noruegas
Según el último gobierno de centro-derecha, que ha sido reemplazado por un ejecutivo de centro-izquierda desde octubre, el salto a una movilidad eléctrica y libre de emisiones habría generado una reducción de los ingresos fiscales de 19.200 millones de coronas noruegas (1.920 millones de euros).
Ante un mercado donde el coche de gasolina o diésel cada vez son marginales, Noruega afronta la realidad post-coche eléctrico desde el punto de vista de la recaudación. El reto es importante puesto que el país escandinavo está en el punto de mira del resto de naciones que vigilan, con interés, la evolución de su mercado y las piruetas fiscales que eventualmente se sucedan.
El gobierno nórdico es el primero en afrontar un desafío determinado por sus propias políticas: en los últimos veinte años, Oslo ha lanzado varias concesiones que han llevado a que el coche eléctrico represente más del 70% de las ventas de coches nuevos, en la actualidad.
En Noruega el IVA no existe a la hora de comprar un coche eléctrico, además de contar con otros incentivos fiscales, algo que en comparación con una fiscalidad muy pesante para los automóviles convencionales contaminantes ha permitido el boom del coche eléctrico a baterías.
La diferencia de impuestos hace que un coche eléctrico cueste mucho menos que uno de combustión interna equivalente.
El futuro a las puertas
A día de hoy, y con el FMI metiendo prisa y presión a Oslo, con una flota coches con motor de gasolina y diésel cada vez más marginal, (apenas superaron el 5% de la demanda en octubre 2021), el gobierno está considerando la posibilidad de eliminar más exenciones.
En estudio se encuentra en la actualidad un nuevo sistema tributario, con impuestos específicos a los híbridos enchufables y a la venta de vehículos eléctricos de segunda mano. Entre otras opciones se baraja el regreso de un impuesto anual al coche eléctrico, a imagen y semejanza de los viejos térmicos.
Opinión
Pero ante las peticiones de cambiar la actual situación, los responsables del nuevo gobierno defienden mantener los incentivos ante el riesgo de que retirarlos demasiado pronto pueda suponer echar a perder todo el trabajo realizado hasta el momento.
Un fuerte debate existente en el país donde entran en juego otros factores, como el efecto publicitario que ha supuesto para Noruega ser la vanguardia en el despliegue de la movilidad eléctrica en todo el mundo. También la reducción de emisiones contaminantes y los ahorros en sectores como la sanidad derivados de contar con un aire más limpio en las ciudades. Imponderables que no suelen ser tenidos en cuenta por el FMI y otros actores que parecen tener mucha pisa por retirar las ayudas mientras no han sido tan impacientes por ejemplo con los miles y miles de millones de subsidios a los combustibles fósiles.
Unos subsidios que por primera vez se ha solicitado en la pasada cumbre del clima de Glasgow su retirada, y que suponen cada año un coste de 375.000 millones de dólares. Una cifra que triplica anualmente el apoyo a las energías renovables.
