Según Iberdrola, en España hay hasta 30 meses de espera para recibir los permisos de una estación de carga pública

Sin duda después del precio y autonomía, la carga forma parte de las principales cuestiones que un cliente tiene en cuenta a la hora de decidirse a dar el salto al coche eléctrico. Una red de carga pública que avanza de una forma muy lenta en España. Pero no es por falta de inversión, sino que la lenta burocracia parece estar frenando la activación de infraestructuras ya listas para funcionar.

Según Raquel Blanco, Directora Global de Smart Mobility de Iberdrola, en su participación en el Foro Nissan, en España falta el compromiso de todas las administraciones con la movilidad sostenible, y que durante su comparecencia pidió agilizar la tramitación de los puntos de recarga para vehículos eléctricos en la vía pública.

En la tramitación de los permisos intervienen las tres administraciones, local, autonómica y central, y se tarda entre 20 y 30 meses en conseguir los permisos. El resultado es que operadores como la propia Iberdrola tiene ahora mismo más de 2.000 puntos de recarga en tramitación que ya podrían estar operativos.

Desde la propia Iberdrola se ha puesto sobre la mesa el objetivo de “liderar el desarrollo de la recarga pública, eliminar esas barreras al usuario». Un plan con un presupuesto de 150 millones de euros, con los que buscan poner en marcha 50.000 puntos de recarga, con más de 2.500 puntos públicos».

Una cifra cuando menos curiosa ya que supone una inversión de «apenas» 60.000 euros por estación, o 3.000 euros por cada punto. Algo con lo que claramente no se podrán poner en marcha muchas estaciones de carga rápidas, muchas menos ultrarrápidas, y que entendemos corresponderán en su mayor parte a puntos privados y de baja potencia que ayudan a engordar las mediáticas cifras.

Opinión

La conclusión es que las administraciones se han convertido en uno de los principales obstáculos para el desarrollo de la movilidad eléctrica en España, tanto por el diseño de un programa de ayudas a la compra de vehículos totalmente chapucera, como con normas que frenan de forma injustificada la activación de unas estaciones ya instaladas. Un factor crucial de seguridad energética para un país fuertemente dependiente de los combustibles fósiles, y eso a pesar de contar con un enorme potencial en energías renovables.

Pero también hay una cierta dejadez por parte de los principales operadores de carga del país, que han dejado los deberes para última hora, con proyectos pobremente dotados a nivel económico, tiempos de suministro por parte de las suministradoras muy largos, y que ahora además se enfrentan a las barrera de las administraciones que hace años que deberían haber sido superadas de haber hecho el trabajo en su momento.

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