José López-Tafall, director general de ANFAC (Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones), cree que la Unión Europea se equivoca al plantear unos objetivos vinculantes para el despliegue de puntos de carga (recogidos en el nuevo Reglamento sobre infraestructuras de combustibles alternativos o AFIR) sin un régimen sancionador para aquellos estados miembros que los incumplan, pues el sector automotriz será el único en pagar las consecuencias en caso de que el proceso de electrificación del mercado no avance según lo planeado.
«No he leído que ningún país haya pedido las sanciones, tampoco España, pero nosotros sí estamos penalizados», ha declarado durante una rueda de prensa en la que ANFAC ha presentado la última actualización de su Mapa de Infraestructura de recarga de acceso público en España para cumplir con los nuevos objetivos regulatorios del Fit For 55.
Esta iniciativa, que vio la luz por primera vez en julio de 2021, es un instrumento de planificación y monitorización que marca la metodología para lograr un despliegue «consistente y coherente» con los objetivos de descarbonización de la Unión Europea, que aspira a prohibir la venta de automóviles nuevos con motor de combustión interna a partir de 2035.
Teniendo en cuenta que las exigencias de reducción de emisiones de la Unión Europea (del 55 y 50% para turismos y vehículos comerciales ligeros en 2030 y del 100% para 2035), ANFAC estima que el parque de turismos y furgonetas electrificados debería llegar a 4,3 millones en 2030 (60% de cuota) y a 9,8 millones en 2035 (100% de cuota).
España necesitará 300.000 puntos de carga públicos para 2030
En base a esto, ANFAC ha actualizado su Mapa, estableciendo que la red mínima debería ser de 64.000 puntos en 2023, de 91.000 en 2025, de 300.000 en 2030 y de 610.000 en 2035. Frente a la primera normativa AFIR de 2014, la nueva propuesta de la Comisión Europea hace hincapié en la necesidad de que los puntos tengan la potencia necesaria, por lo que ya no se prioriza volumen frente a calidad.
Partiendo de dicho marco, ANFAC advierte de que España debería multiplicar por cinco su red de carga de alta potencia, ya que actualmente sólo el 3,8% de las estaciones públicas son de 150 kW o más (es decir, apenas 689 puntos).
«Los objetivos establecidos por la Unión Europea no se cumplen solo con el esfuerzo del sector, sino que precisan de un gran esfuerzo por parte del resto de los actores, un compromiso del Gobierno y de las Administraciones para poder llevar a cabo la transformación de la movilidad, y en paralelo, mantener el peso de empleo e industria que la automoción supone.
La industria de la automoción está liderando la descarbonización y ya está poniendo en el mercado una amplia oferta de vehículos electrificados. Sin embargo, nos enfrentamos a unos, cada vez más, exigentes objetivos en materia de reducción de emisiones y, por lo tanto, es necesario establecer herramientas a la altura de esas ambiciones. El desarrollo de infraestructuras de recarga de acceso público es esencial para el despliegue del vehículo electrificado. Pero, de igual manera, no podemos olvidar que incentivar el mercado de electrificados es de igual de necesario para que se avance en la red de recarga pública».
Fuente | La Tribuna de Automoción
