La contradicción de España: ayudas al diésel y la gasolina mientras se pide a los españoles que se pasen al coche eléctrico

España lleva años hablando de electrificación, de energías renovables y de reducir nuestra dependencia del petróleo y el gas. El problema es que una cosa es tener claro hacia dónde queremos ir y otra bastante diferente conseguir que las decisiones que se toman por el camino sean coherentes con ese objetivo.

Porque resulta difícil defender una transición hacia la electricidad mientras seguimos utilizando ayudas, impuestos y medidas puntuales que pueden hacer más atractivo mantener el consumo de combustibles fósiles. Si queremos dejar de depender de aquello que tenemos que importar, lo lógico sería facilitar el uso de aquello que podemos producir dentro de nuestro propio país.

Y España tiene una ventaja que muchos otros países europeos no pueden ofrecer con la misma intensidad: sol, viento y una capacidad renovable cada vez mayor. Tenemos la posibilidad de producir grandes cantidades de electricidad con recursos propios, pero seguimos teniendo un problema bastante más incómodo: no estamos aprovechando todo ese potencial al ritmo que podríamos.

La electrificación no consiste únicamente en sustituir un coche de gasolina por uno eléctrico. También significa electrificar fábricas, calefacción, transporte, centros de datos y todo aquello que todavía depende directamente del petróleo o del gas. Y para hacerlo necesitamos mucha más electricidad, pero también una red preparada para transportar esa energía.

Aquí aparece uno de los grandes problemas que España tendrá que resolver durante los próximos años. Podemos tener electricidad renovable disponible y, al mismo tiempo, no tener capacidad suficiente en la red para llevarla allí donde se necesita. Hay proyectos industriales esperando conexiones, nuevas instalaciones que necesitan potencia y una demanda eléctrica que va a crecer con rapidez.

La situación resulta especialmente llamativa con los centros de datos y la inteligencia artificial. Mientras Europa intenta atraer inversiones relacionadas con estas tecnologías, la disponibilidad de energía se está convirtiendo en uno de los factores que condicionan dónde pueden instalarse nuevos proyectos. Y lo mismo sucede con la industria: una empresa puede querer electrificar sus procesos, pero necesita disponer de potencia suficiente para hacerlo.

Por eso no basta con seguir construyendo parques solares y eólicos. Hay que invertir en las redes y hacerlo antes de que llegue toda esa demanda. Esperar a que una fábrica, un centro de datos o miles de nuevos consumidores soliciten conexión para empezar a ampliar la infraestructura significa llegar tarde.

También hay que aprovechar mucho mejor la red que ya tenemos. Si una determinada infraestructura puede soportar más demanda, debería utilizarse al máximo antes de plantear nuevas inversiones. No tiene demasiado sentido tener capacidad renovable disponible mientras determinadas zonas del país encuentran dificultades para conectar nuevos proyectos.

Y aquí entra también el precio de la electricidad. Si queremos electrificar la economía, la electricidad tiene que resultar competitiva. No parece demasiado razonable cargar sobre ella costes que terminan encareciendo precisamente la energía que queremos utilizar cada vez más, mientras se aplican medidas destinadas a contener artificialmente el precio de los combustibles.

La transición energética necesita señales claras. Si queremos que una familia cambie su coche de combustión por uno eléctrico, que una empresa abandone el gas o que una industria sustituya combustibles fósiles por electricidad, el sistema debe hacer que esas decisiones tengan sentido también económicamente.

Cuánto se subvenciona realmente el diésel en España?

Y es que mientras el gobierno nos pide el cambio al coche eléctrico, aunque sin muchas ganas la verdad, por el otro lado sigue gastando o dejando de ingresar una ingente cantidad de dinero en favor de los combustibles. En octubre de 2026 el gasóleo tiene una reducción fiscal de 20 céntimos por litro, mientras que los profesionales del transporte que tienen derecho al gasóleo profesional reciben además una ayuda extraordinaria de 5 céntimos por litro durante octubre. En total, para ese colectivo hablamos de 25 céntimos por litro de apoyo directo o fiscal. Pero esto es solo una parte de los subsidios.

A esto se suma el IVA. Tomando como referencia un gasóleo a 1,90 euros por litro, el IVA incluido en ese precio es de unos 33 céntimos. Si el profesional puede deducirse el 100% del IVA del combustible afecto a su actividad, recuperaría aproximadamente esos 33 céntimos, por lo que el efecto conjunto sería de unos 58 céntimos por litro. Esto quiere decir que el estado pone de su parte un 30% del coste del diésel. Y eso es mucho dinero cada día.

Esto no significa que haya que eliminar de golpe cualquier ayuda al consumidor. Hay situaciones en las que resulta razonable proteger a las familias y a determinados sectores frente a una subida de costes. Pero una cosa es ayudar a quien lo necesita y otra muy diferente mantener durante años incentivos que retrasan el cambio tecnológico mientras se invierte cero o casi nada en la transformación de sectores clave, como la agricultura.

España tiene ahora una oportunidad difícil de repetir. Dispone de una enorme capacidad renovable, una industria energética importante y cada vez más proyectos que necesitan electricidad. La electricidad podría convertirse en una de nuestras grandes ventajas competitivas frente al resto de Europa.

Pero para conseguirlo hay que dejar de verla únicamente como una cuestión energética. Es una cuestión industrial, económica y estratégica. Cuanta más electricidad podamos producir de forma competitiva y más fácilmente podamos llevarla hasta las empresas y consumidores, menor será nuestra exposición a las importaciones de petróleo y gas.

Y también cambiará algo tan cotidiano como la movilidad. Los coches eléctricos son solamente una parte de este proceso, pero probablemente serán una de las más visibles. Su expansión dependerá no solo de los precios de los vehículos o de la infraestructura de recarga, sino también de que el sistema eléctrico esté preparado para absorber millones de nuevos consumidores.

El debate, por tanto, es si España puede permitirse el seguir dilapidando miles y miles de millones de euros cada mes en subsidios a los combustibles fósiles, que lo que hacen es alargar la agonía de nuestra economía fuertemente dependiente de lo que sucede a miles de kilómetros. Todo esto cuando tenemos capacidad y tecnología para reducir de forma sustancial esa dependencia, y que los cambios geopolíticos no afecten al bolsillo de los españoles de forma tan dolorosa.