Por qué Amnistía Internacional señala a BYD, Mitsubishi y Hyundai

La producción de baterías siempre ha estado rodeada de cierta polémica por el impacto en el origen de algunos de sus componentes, como el cobalto, pero también por las condiciones de trabajo en otros apartados. Pero no ha sido hasta el ascenso del coche eléctrico que esto ha pasado a primera plana y se ha convertido en motivo de estudio de diferentes organizaciones.

Según un informe de Amnistía Internacional titulado Recargar las pilas de los derechos humanos: “Los abusos contra los derechos humanos relacionados con la extracción de minerales para la transición energética son alarmantes y generalizados, y la respuesta del sector es en gran medida insuficiente ”.

Un ranking para analizar el respeto a los derechos humanos

En este informe destacan tres gigantes de la industria. BYD, Mitsubishi y Hyundai obtienen las peores puntuaciones. A medida que aumenta la demanda mundial de minerales para baterías, Amnistía Internacional ha observado varias violaciones: desalojos forzosos, daños a la salud, poblaciones indígenas en riesgo, etc.

Según Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, “El aumento considerable de la demanda de metales necesarios para fabricar baterías para vehículos eléctricos impone una enorme presión sobre las poblaciones afectadas por las actividades mineras. Los fabricantes deben garantizar absolutamente el respeto de los derechos humanos ”.

La ONG ha elaborado un ranking con una puntuación de 90 puntos. El objetivo es analizar el resultado de las empresas con base en criterios como los compromisos con las políticas de derechos humanos, el proceso de identificación de riesgos y el mapeo de la cadena de suministro. Ninguna de las empresas evaluadas por Amnistía obtuvo una puntuación superior a 51/90.

Curiosamente, la china BYD se encuentra al final del listado con una puntuación de 11/90. Según el informe, las pruebas aportadas por el mayor fabricante de coches eléctricos revelan “una grave falta de transparencia en lo que respecta a la diligencia debida en materia de derechos humanos en sus cadenas de suministro ”.

Por encima encontramos a Hyundai (13/90) y Mitsubishi (21/90) mientras que la mitad de la table tenemos marcas como: Renault, General Motors, Ford, Volkswagen y BMW.

Según el informe: «Los compromisos que declaran estas empresas son a menudo vagos y ofrecen poca evidencia de acciones significativas, lo que demuestra que todavía les queda un largo camino por recorrer para cumplir con los estándares internacionales «.

Una falta de transparencia global en la producción de baterías

Con puntuaciones respectivas de 49/90 y 51/90, Tesla y Mercedes encabezan la clasificación. Pero la ONG precisa que, si bien se han logrado algunos avances, “en general, las puntuaciones fueron extremadamente decepcionantes para todo el sector”. El principal problema es la falta de transparencia en el mapeo de la cadena de suministro.

BYD, por ejemplo, no revela los nombres de sus fundiciones, refinerías o minas. Geely sólo proporciona la ubicación general de sus proveedores, sin especificar la localización de las minas que le suministran. Lo mismo ocurre con Hyundai y Mitsubishi. Amnistía considera que: «esta falta de transparencia dificulta la capacidad de las partes interesadas para determinar cómo las actividades mineras afectan a las poblaciones locales«.

Para animar a los fabricantes de baterías a cambiar sus prácticas, la ONG pide a los gobiernos que «fortalezcan sus propias normas relativas a la debida diligencia en materia de derechos humanos respecto de las empresas registradas en su territorio o sus licencias de exportación o de importación, y pongan en marcha un marco regulatorio más estricto podría permitir una mayor transparencia».

Por último, el informe precisa que “Las empresas rezagadas deben hacer más y más rápido para demostrar que el respeto de los derechos humanos no es sólo un buen concepto, sino una cuestión que se toman en serio. Es hora de dar un paso adelante y garantizar que los vehículos eléctricos no dejen un legado de abusos contra los derechos humanos”.

Fuente | Amnistía Internacional