Las compañías eléctricas pretenden cobrar en el recibo de la luz la inversión en el coche eléctrico

Las compañías eléctricas se preparan para el asalto del coche eléctrico a la vida cotidiana de los ciudadanos, y a pesar de los anuncios realizados de inversión y planes de futuro, siguen siendo reticentes a la hora de destinar parte de sus ingresos a la creación de infraestructura de carga para el vehículo eléctrico. Pero esta inversión es necesaria y prácticamente obligatoria, por lo que las compañías eléctricas tendrán que pasar por el aro. Pero intentarán gastarse lo mínimo.

Por ello ya han empezado a moverse como lobby de presión y uno de los puntos en su estrategia es la introducción de enmiendas en el proyecto de la nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética para que los puntos de carga de coches eléctricos se consideren activos regulados, es decir, que podrían cargar la inversión realizada en infraestructura en el recibo de la luz en forma de peajes.

Esta forma de ahorrarse el gasto en inversión no es la primera vez que la intentan llevar a cabo: a finales del año pasado presionaron al entonces Ministro de Energía, Álvaro Nadal, para introducir modificaciones similares aprovechando que el ministerio habá elaborado un borrador de decreto para la implantación y gestión de puntos de recarga para el vehículo eléctrico. Lamentablemente para las compañías eléctricas, por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y Competencia (CNMC) recibieron una rotunda negativa a introducir este tipo de peajes en la factura de la luz.

En su informe del 6 de marzo de 2018, la CNMC indica que «el desarrollo de estas infraestructuras debería realizarse en un contexto de competencia«, es decir, que lo que la comisión quería dejar claro es que la instalación de infraestructura para la carga del vehículo eléctrico no podría recaer en los contribuyentes en forma de subida en el recibo de la luz. Pero las compañías no cejan en su empeño de desplegar una infraestructura de carga que les salga prácticamente gratis.

Debido a que no pueden alegar de forma directa al proyecto de ley que está elaborando el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, las empresas están manteniendo conversaciones con asociaciones y grupos políticos para ejercer presión sobre el Gobierno y de esta manera conseguir su objetivo de que los puntos de recarga públicos se consideren parte de sus activos regulados, lo que les aseguraría ingresos en periodos regulatorios de cinco años.

Este debate viene en el mismo momento en el que la CNMC ha propuesto reducir la retribución anual que perciben las eléctricas por distribuir y transportar la electricidad, con 5.200 millones y 1.600 millones respectivamente, del 6’5% anual a un 5’58%, un recorte de más de 500 millones al año. Por lo que las compañías eléctricas quieren recuperar esta merma de ingresos por otra vía.

La parte más negativa de este intento de implementar una serie de peajes es que esta cuantía repercute directamente en un 40% del importe de la factura de la luz, algo en lo que se verían muy afectadas aquellas personas acogidas a la tarifa eléctrica regulada, ya que el importe de la misma ascendería notablemente sin que el Gobierno tuviera margen de maniobra para impedirlo.

Vía | La Información