La absurda relación de las administraciones públicas y el coche eléctrico en España

La gestión del cambio de modelo energético en España en el sector del transporte será estudiado en los colegios de como no hacer las cosas. Cualquier país que quiera apostar por la movilidad sostenible debería copiar nuestro sistema, y hacer justo lo contrario si quiere triunfar. No sólo es que no tengamos ayudas, o estas sean inaccesibles para muchos clientes, sino que incluso las administraciones públicas se convierten en auténticas barreras para la implantación por ejemplo de las redes de recarga.

Podemos contar por cientos, o miles, las estaciones de carga que están a la espera de recibir permiso para comenzar a operar. De las 12.000 en funcionamiento, se estima que unas 4.000 están aguardando el trámite para poder comenzar a trabajar. Ya sea por parte del ayuntamiento, de la diputación o de la empresa eléctrica.

Algo que tiene como resultado que un país con una débil red de recarga, viva frenando su despliegue. Algo totalmente absurdo que por si ayuda a frenar la expansión de la movilidad eléctrica.

¿Podría ser peor? Pues si. Por desgracia si excavamos un poco más vemos que la actitud de muchas administraciones públicas es directamente bochornosa. No sólo pasando del tema como si la necesidad de apostar por una movilidad más sostenible fuese cosa de otros, cumpliendo su expediente ambiental cambiando sus luces por LED.

Es que algunos consistorios la situación llega a niveles impensables. Es el caso de la pequeña localidad burgalesa de Frías, al norte de la provincia de Burgos y a unos 80 kilómetros de la capital. Un espectacular y totalmente recomendable pueblo a visitar con una enorme historia a su espalda.

El problema de Frías ha sido en este caso los puntos de recarga. Desde el consistorio se promulgó hace tres años la instalación de dos estaciones de carga. Pero una vez instalados, nunca se llegaron a poner en marcha por razones como no saber cómo cobrar la electricidad de las recargas. El resultado, una inversión perdida por desconocimiento y apatía y un caso que podemos repetir por decenas o cientos de ayuntamientos a lo largo de toda España.

Pero no se vayan, aún hay más

No era suficiente con poner en marcha un programa de ayudas que no concede ayudas, o frenar la expansión de las redes de recarga. Ahora hemos sabido que el propio Ayuntamiento de Frías ha decidido poner fin a tres años de paralización del proyecto con la licitación de esta estación para que sea explotada por otra empresa.

Y como era de esperar, no se ha hecho con miras a promocionar la tecnología, sino con un formato de licitación por subasta para ver quién paga más, y al menos recuperar una parte o la totalidad de la inversión realizada. La pela, es la pela.

El resultado es un concurso que arrancaba en 7.500 euros para una cesión del suelo municipal durante cinco años, y que ha sido adjudicado por 8.000 euros al gestor Wenea, que ha instalado y activado una estación de 50 kW.

Una apuesta que como vemos estará lastrada por un coste del espacio hasta ahora desaprovechado por el ayuntamiento, que ahora se convertirá en una pequeña fuente de ingresos a razón de 133 euros al mes.

Muchos dirán que si, que está bien que los operadores paguen por el suelo público. Pero si desde las administraciones se pide el cambio de modelo energético, incluso con programas de ayudas públicas, resulta cuando menos contradictorio el cobrar por el uso de un espacio público ya ocupado, al que además el operador tiene que sumar el coste de la infraestructura y el coste energético.

Una forma obtusa de ver el avance tecnológico del coche eléctrico, que llega a niveles tan absurdos como el de algunos consistorios que además de pasar un recibo por el alquiler del espacio, incluso cobran a los operadores la colocación de una señal de prohibido aparcar en los puntos de recarga.

Algo que sin duda no parece lo más adecuado o eficiente, si lo que queremos es que España deje de ser un estado tan fuertemente dependiente energéticamente, y reducir las emisiones contaminantes.

Gracias Carlos por el aviso.

Fuente | Contrataciondelestado.es

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