Hace unos días el Gobierno de España anunciaba el acuerdo para poner en marcha un mega proyecto destinado a convertir a España en un importante hub del hidrógeno verde con la construcción de una conexión submarina entre Barcelona y Marsella y bautizada con el nombre de BarMar. Esta se destinará únicamente al transporte de hidrógeno verde como alternativa al gas natural. Pero según se concretan las cifras y fechas del proyecto, también surgen opiniones de expertos que avisan de los riesgos que supone el transporte de hidrógeno a larga distancia.
Como recordamos, el proyecto de hidrógeno verde BarMar es un ambicioso esfuerzo para desarrollar una tecnología que permita la producción de hidrógeno a partir de energías renovables. El objetivo de este proyecto es contribuir a la lucha contra el cambio climático al ofrecer una alternativa a la producción de hidrógeno a partir de combustibles fósiles como el gas natural.
La iniciativa se enmarca en el contexto de la creciente demanda de energías renovables y de la necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. El hidrógeno verde, al ser producido a partir de fuentes renovables, es una forma limpia y sostenible de obtener energía, lo que sobre el papel lo convierte en una opción atractiva para aplicaciones en diversos sectores, como el transporte, la industria o la generación de electricidad.
Pero este tipo de iniciativa, que contará con un presupuesto de 2.500 millones de euros (más los habituales sobrecostes que suelen traer consigo estas inversiones realizadas con dinero público) ha levantado las preocupaciones de algunos expertos que no ven posible completar esta infraestructura que se quiere tener lista en 2030.
Unas dudas que alimentan factores como la falta de proyectos de referencia en marcha de similares características, que permitan contar con casos de éxito en marcha para justificar la enorme inversión necesaria.
Es el caso de Albert Banal-Estañol, profesor de economía y finanzas de la Universidad Pompeu Fabra (UPF) y miembro del comité asesor del regulador británico Ofgem.
En declaraciones al diario El Español ha indicado que: “Es una inversión arriesgada y en estos momentos hay muchísima incertidumbre. A pesar de toda la burbuja en torno al anuncio del futuro hidroducto, desde el lado de la demanda, el hidrógeno verde suponga una necesidad, como tampoco que consiga tener una aplicación masiva. En lo que tiene que ver con la producción, es difícil que se consiga producir a un coste lo suficientemente bajo.»
La propia Unión Europea reconoce que hoy en día «el hidrógeno verde no es aún rentable en comparación con el hidrógeno a partir de combustibles fósiles” y se enfrenta a importantes retos.
El primero de ellos, el alto coste de producción. Como reconocía un informe de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), esta es su principal barrera. Mientras que el precio del gas natural oscila entre los 0,5 y los 1,7 dólares por kilo, el del hidrógeno está entre los 3 y 8 dólares por kilo, precisamente por esa necesidad de electricidad renovable.
Y aquí surge otro de los principales problemas de esta iniciativa. ¿Qué pasa si terminada la red no hay demanda? Quién pagará el sobrecoste del hidrógeno verde? Pues como siempre, lo pagarán los ciudadanos con sus impuestos.
Algo que nos trae a la memoria los aeropuertos sin aviones, las ciudades de la cultura sin cultura, y los muchos despilfarros que han regado nuestro país en los últimos años y a donde ahora podremos sumar el hidrógeno verde.
Una situación que podría provocar que finalmente una infraestructura destinada a transportar hidrógeno, finalmente tenga como uso el transporte de gas natural, lo que supondrá despilfarrar miles de millones de euros destinados a la transición energética en financiar nuevas infraestructuras a la industria de los combustibles fósiles.
También queda por saber de dónde se sacará la energía para alimentar los electrolizadores. Energía limpia y renovable pero que todavía tiene que instalarse, y pagarse.
Un dinero destinado al BarMar que permitiría financiar al 50% casi un millón de instalaciones fotovoltaicas residenciales, instalar más de 450.000 instalaciones gratuitas en hogares de renta media y baja, o realizar entre dos o tres megaproyectos de bombeo como el realizado por Iberdrola en el Támega, que supondría instalar entre 2 y 3 GW de potencia.
