Las protestas ponen en peligro el proyecto de producción de baterías de Volkswagen en España

España se ha convertido en poco tiempo en objetivo de la inversión de muchas empresas del sector del coche eléctrico, y las baterías, debido a factores como su potente industria automovilística, su experiencia, localización estratégica, y sobre todo, la bajada de los costes energéticos por la fuerte implantación de las energías renovables. Uno de los proyectos más emblemáticos es la planta de baterías de Volkswagen en Sagunto, la de SEAT en Barcelona o Stellentis en Zaragoza, que supondrá la puesta en marcha de industrias auxiliares, como la que quiere levantar una fábrica de un componente fundamental para la producción de baterías.

El origen de los problemas son las protestas de las plataformas plataformas Revolta Pagesa y Revoltes de la Terra, en Tarragona, trasciende la mera anécdota política local y plantea serias interrogantes sobre la viabilidad de la ambiciosa estrategia de España para consolidarse como un actor principal en la producción de vehículos eléctricos y baterías en Europa. Un objetivo que se sustenta en la ventaja competitiva de un coste energético favorable, derivado de una significativa implantación de energías renovables.

Uno de los principales impulsores de la iniciativa es el partido político de La CUP, que ha encontrado en la protesta contra la instalación de una planta de la surcoreana Lotte Energy en Mont-roig del Camp (Tarragona) un punto para compensar su caída en las zonas urbanas.

Esta factoría, destinada a la producción de elecfoil, un componente esencial para la fabricación de baterías de vehículos eléctricos, se ubica estratégicamente entre la futura gigafactoría de Volkswagen en Sagunto y las plantas de Seat en Martorell y Stellantis en Zaragoza. Su desarrollo es, por tanto, crítico para asegurar la cadena de suministro de la industria de la electromovilidad en España.

La acción de Revoltes de la Terra, que culminó en una protesta en los terrenos donde se proyecta la construcción de la planta, adquiere una dimensión de mayor calado al considerar la presentación de un recurso contencioso-administrativo contra el plan urbanístico por parte de entidades ecologistas y Unió de Pagesos. Este recurso, respaldado tácitamente por la CUP y con la convergencia de intereses de actores políticos locales, podría dilatar significativamente la tramitación del proyecto, generando incertidumbre jurídica y potenciales retrasos de hasta dos años.

Las implicaciones de una paralización o cancelación de la inversión de Lotte Energy, estimada inicialmente en 600 millones de euros con una posible expansión a 1.200 millones, son significativas. Más allá de la pérdida de un considerable número de puestos de trabajo directos, se comprometería la eficiencia y competitividad de las gigafactorías de baterías y las líneas de ensamblaje de vehículos eléctricos ya planificadas en nuestro país. Esto podría erosionar la confianza de futuros inversores y debilitar la posición de España como un polo de atracción para la industria de la movilidad sostenible.

La confluencia de intereses diversos en esta protesta, que abarca desde la búsqueda de réditos electorales hasta la defensa de agendas políticas locales e incluso la participación de elementos de la ultraderecha, evidencia una compleja red de motivaciones que trasciende la mera preocupación medioambiental o agraria.

La oposición al proyecto, incluso por parte de fuerzas políticas que en otros contextos abogarían por la creación de empleo industrial, revela una miopía estratégica que podría tener consecuencias negativas a largo plazo para la economía española.

Es fundamental señalar que los terrenos destinados a la planta de Lotte Energy cuentan con una calificación de suelo industrial desde 2007, desmintiendo la alegación de los manifestantes sobre su carácter agrario. La naturaleza estratégica del proyecto se subraya con la asignación de 70 millones de euros en ayudas públicas a través de los PERTE.