La consultora Deloitte ha publicado un informe en el que pone sobre la mesa el enorme desafío al que se enfrenta nuestro país para lograr cumplir con los objetivos de reducción de emisiones. Y es que años de parálisis tanto de las administraciones públicas, como de la inversión privada, obligan ahora a recuperar terreno en muy poco tiempo.
Según el informe, para cumplir con los objetivos de reducción de emisiones de CO2 establecidos por la Unión Europea es necesario que en España haya dentro en 2020 unos 300.000 coches eléctricos. Una cifra que debería seguir aumentando en los próximos años de modo que en 2025 haya entre 1,6 y 2 millones y se alcancen los seis millones en 2030. Sin embargo, el camino por recorrer es largo ya que en 2015 en España circulaban apenas 6.500 coches eléctricos, con una cuota de ventas del 0,2%, muy por debajo de países como Noruega (23%) Holanda (10%). Pero, ¿por qué la tasa de penetración del vehículo eléctrico es tan baja en España?
Hay dos barreras principales que frenan la compra de los coches eléctricos: su elevado coste y la escasez de incentivos para su compra. En España los incentivos permiten que un utilitario eléctrico sea un 3% más barato que uno convencional, mientras que en países como Noruega el coche eléctrico es un 27% más barato que el convencional y en los Países Bajos esta cifra alcanza el 15%. El principal problema es que en nuestro país los programas de ayudas apenas duran unas horas, creando un efecto negativo entre aquellos que están eternamente esperando a la reactivación de los fondos. Algo que en 2018 por ejemplo, no ha sucedido.
Por ello, el estudio ‘Un modelo de transporte descarbonizado para España en 2050’ elaborado por Monitor Deloitte recomienda que se pongan en marcha en España incentivos, sobre todo fiscales, por valor de 400 millones de euros anuales hasta 2021-2025, es decir, hasta que el precio de los coches eléctricos se iguale al del convencional.
Los puntos de recarga: mucho trabajo por hacer
Los incentivos para la compra de vehículos eléctricos no son la única barrera que ha de sortear España si quiere cumplir con los objetivos marcados por Bruselas. De este modo, otro de los aspectos clave es la infraestructura de recarga de acceso público, es decir, los postes en la vía pública y las electrolineras.
En la actualidad, hay repartidos por toda la geografía española tan solo 1.700 puntos de recarga. Esta cifra de nuevo dista bastante con los 18.000 de Holanda, los 7.000 de Noruega o los 5.500 que hay en Alemania. En el caso de España, el objetivo sería disponer de 4.000 puntos en la vía pública en 2020, 45.000 en 2025 y en 2030, 80.000. Respecto a las estaciones de carga rápida, que actualmente son prácticamente inexistentes, en 2020 debería haber unas 11.000.
¿Y cuánto hay que invertir para alcanzar esta infraestructura pública? El coste de la inversión necesaria en esta infraestructura de recarga está entre los 1.250 y los 1.650 millones de euros hasta 2030, es decir, unos 100 millones al año.
Este elevado coste, junto con el de mantenimiento, hace que el negocio de la recarga de acceso público no sea rentable en ningún caso, de modo que es imprescindible la actuación de las distintas Administraciones Públicas para poner en marcha la instalación de esos puntos de recarga.
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