Ayer fue presentado el primer borrador de la polémica Ley de Cambio Climático y Transición Energética que está preparando el actual gobierno con el objetivo de que España siga los pasos de otros países europeos y disponga de una hoja de ruta definida para ir disminuyendo la dependencia de los combustibles fósiles y vaya apostando por modelos energéticos y de transporte más sostenibles.
La mayoría de titulares se han centrado en la prohibición de vender coches con motor de combustión para el año 2040 (de hecho, a partir de 2050 el borrador afirma que se prohibirá la circulación de coches térmicos, entendemos que con la excepción de los vehículos clásicos), algo que incluye incluso a los modelos híbridos. Sin embargo, el borrador contiene otras medidas polémicas, como la obligación de que numerosas gasolineras deban disponer de forma obligatoria de puntos de carga para coches eléctricos.
Así, esta imposición deberá ser seguida por numerosas gasolineras del país siguiendo una serie de plazos en función de su volumen de ventas. Todas aquellas gasolineras que vendieron más de 10 millones de litros de carburante en 2017 deberán presentar su proyecto para la instalación de un punto de carga en los próximos 9 meses, y tenerlo operativo como máximo 12 meses después; mientras que las gasolineras que en 2017 vendieron de 5 a 10 millones de litros de carburante deberán presentar su proyecto como mucho en 15 meses, y tener el punto de carga operativo en los mismos 12 meses.
En algunas provincias no habrá apenas gasolineras que alcancen las cifras de ventas mínimas; por ello, la ley contempla que en este caso deberán incluir un punto de carga las gasolineras que más ventas tengan, hasta llegar al 10% del total. En este caso, tendrán 15 meses para presentar el proyecto, y un máximo de 12 meses para ejecutarlo y tener el punto de carga plenamente operativo. Solamente aquellas instalaciones que demuestren que no pueden instalar puntos de carga por motivos de seguridad podrán esquivar esta ley.
Aquellas gasolineras que se nieguen a instalar los puntos de carga se enfrentarán a multas de hasta 30 millones de euros. El borrador de la nueva ley estipula que los puntos de carga deberán de ser de tipo semi-rápido, es decir, de 22 kW de potencia. De acuerdo con los cálculos del gobierno, la instalación de estos puntos de carga costará entre 30.000 y 50.000 euros por gasolinera; por ello, el ejecutivo ha anunciado que están sopesando la posibilidad de financiar de forma parcial o total la instalación de los puntos de carga.
