El gobierno de Reino Unido reafirma su apuesta por el coche eléctrico como herramienta de reducción de emisiones

La crisis económica que acompañará el final de la lucha contra el coronavirus podría suponer que algunos estados busquen recortar gastos de donde sea posible. Incluyendo los incentivos y programas para acelerar la transición energética hacia formas de movilidad más sostenible. Algo que no afectará sólo coches eléctricos, sino también al transporte público y otros modelos de movilidad. Pero Reino Unido ha querido reafirmar su compromiso con el cambio comenzado hace unos años, y ha confirmado que continuarán con su proyecto e incluso plantean acelerar todavía más la transición.

El gobierno de Boris Johnson ha indicado que mantienen los objetivos de implantación del coche eléctrico, al mismo tiempo que busca convencer a los usuarios a que abandonen el vehículo privado en favor del transporte público, las bicicletas o el caminar. Opciones que indican deberían ser las opciones primarias de los residentes a la hora de completar sus desplazamientos habituales.

Además la administración británica se ha comprometido a cumplir los objetivos de reducción de emisiones de CO2 de la Unión Europea, aunque con el Brexit ya no estén obligados a ello.

Y es que desde el gobierno se ha indicado que el transporte es ahora la mayor fuente en emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), contribuyendo con el 28% del total. Los automóviles privados han sido responsables del 55% de las emisiones GEI. Unas emisiones promedio de CO2 por kilómetro que han aumentado desde 2016 por culpa de la caída de las ventas de coches diésel y el aumento de las matriculaciones de modelos SUV.

Los pasos para lograrlo se establecerán en un nuevo Plan de Descarbonización del Transporte que se publicará el próximo mes de noviembre. Un proyecto que será una parte clave del objetivo del gobierno para lograr emisiones netas de gases de efecto invernadero para 2050.

Desde el Departamento de Transporte, se ha publicado un informe donde se indican los retos que habrá que afrontar para lograr reducir las emisiones contaminantes y el tráfico en las carreteras del Reino Unido, cuyas conclusiones esperan permitan la redacción de un proyecto de ley que permita lograr completar la transición energética lo antes posible. Un proyecto que contará con las siguientes prioridades:

● Convertir el transporte público y activo la primera opción para los usuarios, para de esa forma reducir el uso del coche particular. Algo que debería estar acompañado por una mejora de la eficiencia de los vehículos, e incrementado su atractivo con mejores frecuencias y logrando una reducción del coste.

● Descarbonizar los vehículos, centrándose en poner en marcha un marco regulador público que acelere la transición hacia nuevas formas de movilidad, como los vehículos eléctricos.

● Convertir el Reino Unido en líder mundial en transporte sostenible e innovación, fomentando la inversión pública en investigación y desarrollo en nuevas tecnologías.

Esto supondrá que desde el gobierno no sólo se mantendrá el programa de ayudas a la compra de vehículos, sino que incluso se plantean medidas adicionales para aumentar sus ventas. Además también han reafirmado su compromiso de mantener el ambicioso plan de prohibir las ventas de coches diésel, gasolina e híbridos en 2035, e incluso anticipan que si se puede hacer antes, se adelantará esa fecha.

Además se seguirán apoyando el despliegue de una infraestructura de carga que es uno de los pilares fundamentales para la expansión del coche eléctrico, y en el caso del Reino Unido se estima que entre el 25 y el 30% de los conductores no tienen acceso a un lugar donde carga la batería de su vehículo, lo que hace imprescindible aumentar la cantidad de puntos públicos.

Un ejemplo de que una vez superada la fase de shock donde estamos luchando por superar la crisis sanitaria que vivimos, los gobiernos deberán asegurarse de retomar el camino para reducir una contaminación atmosférica que según la UE mata cada año a 400.000 personas en Europa, o 38.600 en España, además de los daños irreparables en la salud de millones de personas.

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