Se confirma el desastre el Plan MOVES II. Hasta ocho comunidades no lo han llegado a activar

El pasado 17 de junio se aprobaba el Plan MOVES II. El proyecto de ayudas a la compra de vehículos eficientes que llegaba con pocas expectativas y un formato a todas luces nada eficiente, donde el IDAE entregaba la gestión a las Comunidades Autónomas. El resultado es que muchas regiones no han llegado a poner en funcionamiento el plan antes del final del plazo.

Y es que el pasado jueves ha terminado el periodo de solicitud de activación del Plan MOVES II, y tres meses después de su aprobación comunidades como Balares, Cantabria, Canarias, Castilla y León, Ceuta, Extremadura, Melilla y Murcia, no lo han puesto en marcha, mientras que otras como Galicia, lo harán el próximo 1 de octubre.

La noticia positiva es que el final del plazo no supondrá que no se pueda poner en marcha posteriormente, si la comunidad autónoma lo justifica. Un retraso que algunas fuentes han achacado a la lentitud burocrática a la hora de analizar y poner en funcionamiento las herramientas necesarias para activar las ayudas.

Desde AEDIVE además se ha añadido que los clientes que reciban una ayuda fuera de plazo, no tendrán que devolverlas ya que «todas las comunidades han aceptado el presupuesto y prevén sacar el plan».

Pero en el camino este formato deja tras de si una importante cuota de incertidumbre entre los compradores, pero también de los vendedores. Un marco poco propicio para un sector que está viviendo una verdadera explosión de oferta, y también de ventas en los principales mercados europeos, y donde estados como España se está quedando atrás con una cuota mucho más reducida de lo que debería marcar un mercado como el nuestro.

Un fracaso total y absoluto por parte del Ministerio de Industria y del IDAE, que han perpetuado un formato claramente ineficiente que sirve para crear desigualdades de oportunidades entre las diferentes regiones entre las que ponen y las que no sus programas de ayudas. Algo que supone que el cliente de Madrid, Cataluña o Andalucía, pueda comprar un coche con hasta 5.500 euros de descuento que un cliente de Baleares o Extremadura.

¿Qué tendría que hacer el gobierno?

El formato de ayuda no es un formato malo en si, pero la lenta burocracia y la poca visión del sector público hace que en realidad sea un vector que frena las ventas. El contar con un presupuesto tan limitado, y además dividido entre 17 comunidades más las dos ciudades autónomas, hace que sea un verdadero galimatías con el resultado que estamos viendo.

Por lo tanto, o el gobierno pone sobre la mesa un presupuesto más elevado, como hace por ejemplo Francia, o por el contrario opta por un formato que se adapta mucho mejor a la lenta burocracia de nuestro país. Hablamos de la reducción fiscal que supone no contar con un presupuesto, y no se corre el riesgo de terminar los fondos, o que las regiones no lo activen.

Un proyecto a medio y largo plazo que estipule claramente una fase de reducción fiscal y proporcional al coste del vehículo, más grande cuanto más barato, y que se vaya reduciendo cada año según bajan los costes de producción para acabar con dicha deducción en cuatro o cinco años.

Un formato que ha recibido luz verde por parte de la Unión Europea, y que ya han usado estados como Alemania, que ha reducido su IVA al 16% al mismo tiempo que ha aumentado las ayudas directas, y Países Bajos, que ha utilizado este modelo desde el inicio.

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