En Noruega están empezando a sonar tambores de guerra entre los que piden comenzar a reducir las exenciones fiscales a los coches eléctricos, y los que luchan por mantearlas. Pero la cuestión es que incluso en peor de los escenarios a los que se enfrentan los noruegos sería un paraíso para mercados como el de España. ¿Sería funcional un sistema fiscal para el coche eléctrico en nuestro país?
En la actualidad y de momento al menos hasta 2025, los coches eléctricos están exentos de IVA en Noruega con un límite de precio de 600.000 coronas (58.500 euros).
Pero hay grupos en el Parlamento que están pidiendo un cambio en la normativa. Uno de ellos es colocar un precio máximo al vehículo para poder acceder al subsidio, e ir reduciendo ese límite en los próximos años para que el precio del vehículo para lograr acceso a las ayudas sea cada vez más bajo.
Una medida que en una primera fase supondría que los coches por encima de las 500.000 coronas noruegas, unos 48.700 euros al cambio, no podrían beneficiarse de la exención impositiva.
Esto según los defensores del actual formato abriría las puertas a una reducción en el límite de precio de los vehículos que podría suponer que en 2024 el máximo para acceder a la ayuda completa fuese de 400.000 coronas, 38.990 euros, y 300.000 coronas (29.200 euros) en 2025.
¿Formado de exención fiscal al coche eléctrico en España?
¿Funcionaría este formato en España? Pues sin duda a la vista del absoluto fracaso del formato actual de ayudas, que supone una cantidad fija de 4.500 euros que pueden llegar a los 7.500 euros si se achatarra un vehículo, para aquellos turismos cuyo precio máximo ha de ser de un máximo de 45.000 euros.
El problema es que la gestión ha sido víctima de la lenta burocracia, el reparto entre comunidades…con el resultado de clientes que tienen que adelantar el 100% del coste del vehículo, y esperar a que la administración se acuerde de ellos para hacerle una transferencia. Algo que puede tardar meses, o años. Resultado, la cuota de ventas de coches eléctricos puros es de las más bajas de Europa con apenas el 2.83%.
Por lo tanto ante la incapacidad de la administración, un formato de exención impositiva parece un sistema más eficiente donde el cliente puede beneficiarse del menor coste ya en el concesionario. Un sistema que aplicando la escala propuesta para Noruega, podría beneficiar a corto plazo solo a los coches por debajo de los 30.000 euros. Algo que sin duda favorecería en lanzamiento o recorte de los precios de algunos modelos en ese arco.
Un programa que podría quedar más o menos de la siguiente manera
Exención fiscal: particulares
- 2023: Límite 40.000 euros antes de impuestos
- 2024: Límite 30.000 euros antes de impuestos
- 2025: Límite 20.000 euros antes de impuestos
- 2026: Fin de las ayudas
Podemos hacer una estimación del impacto en un modelo como el Citroen e-C4, que tiene un precio con impuestos de 34.375 euros, lo que supone un sobre precio de 12.000 euros respecto al C4 gasolina equivalente.
Con una exención del 21% de IVA, esto supondría que el cliente tendría una factura de 27.156 euros, o unos 7.200 euros de descuento. Un descuento que ya supone superar los 4.500 euros del actual plan, que son más ya que las ayudas directas tributan en el IRPF, por lo que en la declaración de la renta de ese año habrá que devolver un porcentaje de ese subsidio.
Esto supondría además que el gobierno no tendría que preparar un presupuesto determinado para alimentar un Plan MOVES, no tendría que coordinarse con las autonomías para poner en marcha y transferir los fondos, no habría problema de agotamiento en las zonas más activas mientras el dinero coge telarañas en las que menos ventas tienen…y sobre todo no supondría largas esperas a recibir el dinero, ni sorpresas desagradables al año siguiente en la declaración de la renta.
Además el coste sería bajo para el gobierno. Muy bajo. Y es que en el año pre-pandemia, 2019, contando todas las tecnologías y unas ventas de 1.25 millones de unidades, el gobierno ha recaudado 4.800 millones de euros en IVA por los turismos vendidos.
Si tenemos en cuenta que en 2021 se han matriculado en España un total de 27.769 coches eléctricos, y con una desgravación media de esos 7.200 euros, esto supondría para el estado un coste en impuestos no recaudados de 199 millones de euros al año. ¿Mucho? Recordemos que el Plan MOVES III tiene un presupuesto para este 2022 de 400 millones de euros.
Por lo tanto, nos estamos gastando más dinero en un formato mucho menos eficiente. Algo realmente preocupante en un país con la tremenda dependencia energética de España, que debería tomar nota de Noruega, autosuficiente en este aspecto pero que ha apostado en serio por el coche eléctrico con enormes resultados.
