El Gobierno regula los servicios de carga para coches eléctricos

El Consejo de Ministros del Gobierno de España aprobó el día de ayer el Decreto Ley que regula los servicios de carga para coches eléctricos, siendo su objetivo el de impulsar el desarrollo de este tipo de infraestructuras en nuestro país, que actualmente se encuentra algo atrasado en relación a otros miembros de la Unión Europea.

Gracias al establecimiento de un marco normativo para la actividad de recarga, con obligaciones y derechos para las distintas partes involucradas, se podrá crear un mapa oficial de puntos de carga, pues los agentes deberán remitir información sobre las características de las estaciones al Gobierno, a las comunidades autónomas y a Ceuta y Melilla. Este mapa se hará público antes del 20 de mayo.

Este real decreto, propuesto por el Ministerio para la Transición Energética y el Reto Demográfico, facilitará la consecución del objetivo de llegar a los 100.000 puntos de carga públicos para finales del año 2023, una meta muy ambiciosa si tenemos en cuenta que a finales del año pasado la red española estaba integrada por un total de 13.411 puntos.

Durante una rueda de prensa posterior, la ministra Teresa Ribera ha querido señalar que «se regularán las obligaciones a las que quedan sometidos aquellos que instalan en un espacio público un punto de recarga, incluidas las de información importante para mapear y conocer la disponibilidad de cada punto de recarga o el precio de la recarga en cada una de las instalaciones en vía pública».

El Gobierno de España presentará este año un mapa oficial de puntos de carga

Dentro del nuevo marco regulatorio se establecen dos figuras jurídicas: el operador (titular de los derechos de explotación del punto de carga y responsable de su operatividad física) y la empresa proveedora de servicios (la cual actúa como intermediaria entre el operador y el cliente, pudiendo prestar servicios de valor añadido a este último).

Ambas figuras estarán obligadas a informar del origen de la energía suministrada, disponer de un servicio de atención al cliente y preservar el carácter confidencial de la información de la que tengan conocimiento en el desempeño de su actividad. La normativa, que solo afecta a los puntos de carga públicos, acentuará la protección de los usuarios.

El Decreto Ley refuerza además «la obligatoriedad de la recarga puntual en estaciones de acceso público, sin que puedan establecerse barreras de naturaleza técnica o contractual, garantizando el acceso de todos los usuarios de vehículos eléctricos a la recarga y reduciendo la denominada ‘range anxiety'».