En plena transformación del sector del automóvil, los fabricantes europeos están gastando tiempo y dinero en hacer lobby en la UE para reducir o retrasar la entrada de las nuevas normas sobre emisiones. Algo que están logrando con la ayuda de estados como España, que se ha puesto a la cabeza para rebajar los objetivos ambientales, con las impredecibles consecuencias que esto tendrá.
Hasta ocho países de la UE, entre ellos España, Francia e Italia, se han opuesto a reglas más estrictas sobre emisiones en el transporte, argumentando que los fabricantes europeos ya están bajo presión para cumplir con la prohibición planeada por el bloque sobre las ventas de nuevos coches con motor de combustión en 2035.
El gran escollo está en la puesta en marcha de la Euro 7, que entrará en vigor a mediados de 2025 para automóviles y dos años más tarde para autobuses y camiones.
La nueva legislación endurecerá los límites de emisiones de contaminantes como el monóxido de carbono, los óxidos de nitrógeno y las partículas de frenos y neumáticos. De acuerdo con los fabricantes, sus beneficios ambientales serán mínimos respecto a su elevado coste.
El coste de su implementación es uno de los principales argumentos esgrimidos por los fabricantes para rechazar la Euro 7. Según sus estimaciones, esta les obligará a destinar una importante cantidad de recursos a una tecnología, los motores de combustión interna, cuyas ventas se prohibirán 10 años después.
España, que ocupa la presidencia rotatoria de la UE, espera presentar el borrador de la nueva propuesta en el consejo de competitividad la próxima semana. Pero este borrador no tiene el acuerdo de todos los estados.
Según este documento, se retrasarían los plazos de implementación de mediados de 2025 para los turismos y mediados de 2027 para los camiones.
Según la actual Euro 7, los turismos y camiones pequeños tendrán 24 meses después de la entrada en vigor del reglamento para cumplirlo, mientras que los autobuses y camiones de más de 3.5 toneladas tendrán 48 meses.
El grupo de presión Transport and Environment (T&E) criticó el borrador diciendo que los países habían «cedido ante las amenazas de los fabricantes, condenando a los europeos a enfermedades pulmonares y muerte prematura en las próximas décadas«.
Según la nota de prensa de T&E «En esta nueva propuesta de la Presidencia española se han debilitado los límites de emisiones para los turismos. No hay cambios en los límites de emisiones para turismos y furgonetas con respecto a Euro 6, ni siquiera para el diésel, que puede emitir más contaminantes NOx (óxido nitroso) que la gasolina.»
La medida para suavizar las normas sobre emisiones se produce en momentos en que la alta inflación y la preocupación por el coste de la reforma ambiental pueden provocar una reacción europea contra la velocidad de la transición.
El ministro de Finanzas francés, Bruno Le Maire, dijo que la UE debería abandonar el estándar Euro 7, ya que costaría a los fabricantes de automóviles europeos “dinero inútil” en un momento crucial de transición.
Una vez que los países de la UE acuerden su posición sobre el Euro 7, entablarán negociaciones con el Parlamento Europeo sobre la forma final del acuerdo.
