El Gobierno aprueba la nueva Ley de Movilidad Sostenible
El Congreso aprueba la Ley de Movilidad Sostenible tras años de retrasos. La norma abre la puerta a cambios en las etiquetas de la DGT, posibles peajes y más puntos de recarga para coches eléctricos. El objetivo: alcanzar la neutralidad climática en 2050.
Tras años de idas y venidas, el Congreso de los Diputados ha dado luz verde a la esperada Ley de Movilidad Sostenible, una norma que llevaba atascada desde la anterior legislatura y que, por fin, ha conseguido superar la fase más complicada. Aprobada in extremis ayer 8 de octubre, la ley llega con más de 750 enmiendas negociadas y con la vista puesta en transformar la forma en la que nos movemos por España.
Aunque todavía debe pasar por el Senado y publicarse en el BOE, su aprobación en el Congreso marca un primer paso hacia una movilidad más limpia y eficiente, con cambios que afectarán tanto a los conductores como a la industria automovilística.
Qué cambia con la nueva Ley de Movilidad Sostenible
Lo primero que hay que dejar claro es que muchas de las medidas no entran en vigor de inmediato. La ley es, sobre todo, un marco habilitante: da poder a las administraciones para que en los próximos años puedan aplicar cambios que hoy todavía no son obligatorios.
Entre los puntos más destacados, el texto reconoce el derecho a una movilidad sostenible para todos los ciudadanos. El objetivo es claro: alcanzar la neutralidad climática en 2050. Para lograrlo, se apostará por la descarbonización del transporte, promoviendo el uso del coche eléctrico, el transporte público y los servicios compartidos frente al vehículo privado.
El Gobierno también anuncia que impulsará la movilidad “compartida, colaborativa y a demanda”, con ayudas públicas e incluso la posibilidad de crear empresas públicas que ofrezcan este tipo de servicios. La prioridad será clara: menos coches particulares, más transporte colectivo y eléctrico.
Etiquetas medioambientales, peajes y puntos de recarga
Uno de los grandes temas es el de las etiquetas medioambientales de la DGT, que llevan tiempo en el punto de mira. Con esta ley, el Ejecutivo se compromete a presentar en un plazo máximo de 12 meses un estudio para revisar los distintivos, incorporando el CO₂ como nuevo criterio y adaptándolos a la evolución tecnológica de los vehículos.
Este estudio incluirá consultas con las comunidades autónomas, lo que indica que no habrá un cambio inmediato, pero sí se abre la puerta a una revisión profunda. En la práctica, esto podría modificar qué coches reciben las etiquetas C, ECO o CERO, afectando directamente a sus ventajas en las ciudades.
Otro aspecto importante es la renovación del parque automovilístico. En un plazo de tres meses, el Gobierno aprobará un Plan Nacional de Renovación del Parque, centrado en sustituir coches antiguos por modelos de cero o bajas emisiones. Se trata, en esencia, de una evolución del actual Plan MOVES III, que podría incluir nuevas ayudas para la compra de coches eléctricos.
En lo que respecta a las infraestructuras, la Ley introduce medidas concretas: las gasolineras con más de 10 millones de litros vendidos al año estarán obligadas a instalar puntos de recarga rápida. En 2025 deberán contar con al menos 400 kW de potencia total, con un punto individual de 150 kW en corriente continua, y para 2027 esa cifra aumentará a 600 kW.
Además, se creará un Plan Estatal de Recarga para cubrir las zonas donde no exista suficiente oferta privada, lo que ayudará a extender la red de cargadores públicos en áreas rurales o de baja densidad.
Por otra parte, aunque no se aprueba ningún peaje de inmediato, la Ley deja la puerta abierta a que en el futuro se puedan gravar ciertos tramos de carreteras en función del uso o de las emisiones del vehículo. También permitirá que los ayuntamientos puedan implantar tasas o peajes urbanos con esos mismos criterios.
Lo que sí queda descartado por ahora es el impuesto al diésel, una medida que el propio Gobierno había aparcado recientemente y que no figura en el texto aprobado.
Lo que viene a partir de ahora
Con la aprobación de esta Ley, el Gobierno da un paso clave para cumplir con los compromisos europeos y desbloquear más de 10.000 millones de euros en fondos comunitarios vinculados a la movilidad sostenible. Sin embargo, las medidas más polémicas —como las etiquetas o los peajes— seguirán pendientes de desarrollo en los próximos meses.
Para los conductores, la realidad a corto plazo apenas cambia. Pero a medio plazo, la Ley marca el camino hacia un modelo en el que el coche eléctrico y la movilidad compartida serán protagonistas. Y con ello, también un nuevo escenario para fabricantes como Toyota, BYD, BMW o Mercedes, que seguirán adaptando su oferta a un mercado cada vez más orientado a las cero emisiones.
España, por fin, tiene una hoja de ruta clara para avanzar hacia un transporte más limpio. Pero ahora empieza lo difícil: convertir las promesas en medidas reales que convenzan tanto a los ciudadanos como a las empresas.
Puntos clave nueva Ley Movilidad Sostenible
- Revisión de las etiquetas de la DGT
- Actualización tecnológica de los distintivos medioambientales
- Plan Nacional de Renovación del Parque
- Impulso al coche eléctrico
- Obligación de instalar puntos de recarga en gasolineras grandes
- Aumento de potencia en 2027
- Plan Estatal de Recarga Pública
- Movilidad compartida frente al coche privado
- Peajes y tasas según emisiones
- Neutralidad climática en 2050
Fuente | BOE
