En total los diferentes gobiernos se ha gastado en los 8 planes PIVE puestos en marcha hasta el momento nada menos que 1.115 millones de euros. Unos fondos destinados principalmente a incentivar modelos diésel que han ocupado la mayoría de las ventas. Una incongruencia en un marco donde se exige a los gobiernos la reducción de emisiones, y donde se ha demostrado que los sistemas a gasóleo son extremadamente peligrosos para la salud.
Ahora el actual ejecutivo está ultimando un nuevo programa que tendrá como objetivo incentivar las ventas de los modelos eficientes, y que curiosamente ve como su dotación se reduce de forma drástica. De los 225 millones dotados para el último PIVE, ahora que se trata de incentivar a modelos menos contaminantes se pondrán sobre la mesa sólo 50 millones. De nuevo un contrasentido.
Pero sin duda lo más ridículo es que en plena búsqueda de la reducción de emisiones, el gobierno mantenga los 16.6 millones del Plan MOVEA para este año. Un plan que tiene como objetivo ayudar a la adquisición de coches eléctricos, a gas (licuado, natural y GLP) y de pila de combustible, así como a la instalación de puestos de recarga.
Sin duda se trata de la herramienta más eficaz, pero curiosamente es la menos dotada a nivel económico. Un nuevo ejemplo del nivel de desconocimiento de los diferentes gobiernos en España, que han ido dando bandazos sin hacer caso a los ejemplos de otros estados donde se ha incentivando de verdad la movilidad eléctrica, y donde bajan las emisiones, al mismo tiempo que las matriculaciones de coches siguen creciendo.
Y es que en España el coche eléctrico apenas llega al 0.4% de las ventas, de las cuales a nivel particular la cifra es todavía más ridícula, con un estimado del 0.2%. Prácticamente cero. Algo realmente complicado de lograr, y para lo que hay que esforzarse de forma muy especial para crear un marco tan inestable como el que sufre el mercado español.
¿Qué pasaría si el Plan MOVEA contase con la dotación del Plan PIVE?. Una de las primeras consecuencias sería el final de la temporalidad de los fondos. Unos fondos que se terminan en apenas un trimestre, creando tramos del año en blanco donde las ventas se resienten por culpa precisamente de la espera de muchos por la renovación.
Con 225 millones de euros se podrían incentivar unas ventas de unas 40.000 unidades al año, con una ayuda de 5.500 euros, o incluso se podría añadir un Superbonus como en Francia, añadiendo otros 3.500 euros para aquellos que durante la compra de un coche eléctrico entreguen un diésel con 10 o más años. Un presupuesto que sería similar precisamente al dotado por el gobierno francés el pasado año.
Incluso con los 50 millones que el gobierno gastará en el nuevo PIVE, se podrían llegar a incentivar unos 9.000 coches eléctricos. Más del triple de lo que se lograría con el MOVEA actual, que apenas destina 12 millones de euros, suficiente para 2.100 unidades.
Pero por desgracia parece que en España seguiremos con la política al revés, con incentivos sin límite a los diésel, y las sobras para los modelos más eficientes. Una chapuza que al menos sirve para el resto de países para darse cuenta de una forma gráfica de lo que no se debe hacer en cuanto a incentivos en este sector.
Algo que tiene consecuencias no sólo a nivel de emisiones, también otros tan graves como que España no forma parte de la primera fase de lanzamientos de los fabricantes a la hora de poner en el mercado sus nuevos modelos eléctricos, e incluso que se pierdan posibilidades de recibir nuevas inversiones para futuros modelos, que se marchan a lugares más acogedores con la movilidad eléctrica.
Un Plan MOVEA que todavía no tiene fecha de puesta en marcha, pero que posiblemente no lo haga hasta el verano, como pronto.
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