En los últimos años hemos visto como la apuesta desde los fabricantes alemanes en el sector del coche eléctrico ha sido muy tímida. Pocas propuestas, no demasiado competitivas, y además con una producción tan limitada que en algunos mercados hacerse con un veterano Volkswagen e-Up, o un eGolf suponía una espera de casi un año. Algo que desde Europa se indica forma parte de un amplio plan para evitar la expansión de las tecnologías que permiten reducir las emisiones en el transporte, y de esa forma reducir las inversiones necesarias.
Ahora la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, ha publicado un informe que acusa a BMW, Daimler y VW, de participar en un proyecto conjunto para limitar el desarrollo de las tecnologías de reducción de emisiones en los nuevos vehículos diésel y gasolina, así como frenar el desarrollo de la movilidad eléctrica. libre de emisiones para los nuevos vehículos de gasolina y de gasóleo en el Espacio Económico Europeo.
Desde Europa se tienen serias dudas sobre los sistemas de reducción catalítica selectiva para disminuir las emisiones dañinas de óxido de nitrógeno en los coches diesel, mediante la inyección de urea en el flujo de los gases de escape. Según el informe, BMW, Daimler y Volkswagen coordinaron entre 2006 y 2014 las dosis de urea que añadían, el tamaño del tanque de urea y los intervalos de recarga. De ese modo, limitarían el consumo de urea y la eficacia a la hora de reducir la contaminación debida a los gases de escape.
Según la comisaria europea, los fabricantes acusados han llegado a pactos para no mejorar sus productos, y no competir en calidad. Algo que ha tenido como resultado la denegación a los consumidores de la oportunidad de comprar coches menos contaminantes a pesar de que la tecnología estaba disponible. Algo que va en contra de las normas de la propia UE, que propondrá unas duras sanciones a las marcas involucradas.
El resultado, además un nuevo golpe de imagen a unas marcas ya afectadas en su momento por los escándalos de manipulación de emisiones, es que la Comisión Europea podría imponer una multa de hasta el 10% de sus ingresos globales si al final del proceso confirma sus sospechas iniciales.
Curiosamente desde Europa no se ha presentado este caso como un problema medioambiental, sino de competencia. Algo que limitará los efectos de unas posibles multas que de momento no se han confirmado hasta que la UE dictamine si ha existido o no un pacto entre los grupos alemanes.
Vía | DW
