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España destina apenas 55 millones de euros a la implantación del coche eléctrico, mientras Europa amenaza con multas de 1.600 millones por las emisiones contaminantes

Para algunos los 55 millones de euros que este año destinará el gobierno a incentivar la compra de coches eléctricos es demasiado dinero para subvencionar «coches para ricos». Unos vehículos que bien es cierto tienen un precio de venta bastante por encima de sus versiones diésel y gasolina, pero que nos ofrecen enormes oportunidades a nivel ambiental, de salud pública…y económico.

Para los que estos últimos datos no sean relevantes, y sigan pensando que el gobierno no debería dar ayudas a los coches eléctricos, desde Bruselas nos llega una noticia que puede hacerles cambiar de opinión. Y es que desde 2010 España está superando los límites máximos de en materia de dióxido de nitrógeno (NO2) procedentes principalmente del transporte. Algo que podría suponer una fuerte multa.

España tiene abierto un procedimiento de infracción por la Comisión Europea, y en mayo de 2018, la Comisión llevó a nuestro país junto a otros seis estados al Tribunal de Luxemburgo. Pero la puesta en marcha de medidas como el Plan A de Madrid, o la creación del las Supermanzanas y las zonas de bajas emisiones de Barcelona, permitieron frenar este expediente, y con ello mas multas.

Pero las últimas noticias, como la eliminación de Madrid Central, y también por la inacción política en el resto del país para atajar la contaminación, no ha proporcionado argumentos suficientes a la Comisión Europea para defender ante el resto esta situación de excepcionalidad, por lo que ahora va a ser llevada ante el Tribunal que tendrá que determinar las multas a las que se enfrenta España.

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Según los expertos, la previsible sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea será condenatoria para España, y en segunda vuelta acabará en una más que probable multa, que puede alcanzar los 200 millones de euros por año de incumplimiento, lo que elevaría la cifra hasta el momento a los 1.600 millones de euros.

Una cifra con la que se podrían entregar ayudas para la compra de cerca de 300.000 coches eléctricos, o poner en marcha una importante red de recarga pública por todo el país, y que ahora de confirmarse la sentencia, se marchará de nuestras cuentas sin ayudar en la reducción de la contaminación ni en la mejora de la movilidad sostenible.

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