Giorgia Meloni pisa el acelerador: Italia intervendrá el precio de la recarga para salvar al coche eléctrico

La transición al coche eléctrico en el sur de Europa no está siendo precisamente un paseo. Las ventas avanzan, sí, pero muy por debajo de lo esperado. Y no todo se explica por el precio de compra o por una red de carga que todavía tiene mucho que mejorar. Hay un elefante en la habitación que cada vez pesa más en la decisión de miles de conductores: cuánto cuesta realmente usar el coche eléctrico a lo largo del tiempo.

En este contexto, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha decidido pasar de las palabras a los hechos. Y lo ha hecho con una declaración que no deja lugar a dudas: “En nombre de Italia, me ocuparé de ello”. Traducido: el Gobierno italiano está dispuesto a intervenir para evitar que el precio de la electricidad convierta al coche eléctrico en un lujo.

El “impuesto” invisible que frena al coche eléctrico

Meloni lo tiene claro. No tiene sentido pedir a los ciudadanos que hagan un esfuerzo económico importante para cambiar de coche y, después, dejarles a merced de tarifas eléctricas imprevisibles o directamente elevadas. Según su planteamiento, la energía no puede convertirse en el impuesto invisible que termine por hundir la competitividad del coche eléctrico frente a los combustibles fósiles.

Y es que el problema no está solo en el precio del coche. En Italia, como en España, muchos potenciales compradores hacen números. Si no tienes plaza de garaje con enchufe propio y dependes en gran medida de la recarga pública, la ecuación empieza a torcerse. Las diferencias de precio entre cargar en casa y hacerlo en un punto rápido pueden ser notables. Y esa incertidumbre pesa.

Hasta ahora, la mayoría de los gobiernos han centrado sus esfuerzos en el momento de la compra: ayudas directas, incentivos fiscales, planes de renovación del parque. Pero Italia quiere ir un paso más allá. La idea es actuar en el “después”, en el día a día. Garantizar que el coste por kilómetro sea competitivo y estable, no una ruleta que depende del operador o de la hora del día.

En Roma ya se habla de revisar peajes energéticos específicos para el transporte y de ejercer más presión regulatoria sobre las compañías eléctricas. El mensaje es claro: la red pública de recarga no puede ser un freno por sus tarifas, debe ser un motor de la transición.

Este movimiento también tiene una lectura industrial. Italia, al igual que Alemania, ha sido muy crítica con el calendario europeo que fija 2035 como fecha para el fin de los motores de combustión. Pero si Bruselas no da marcha atrás, la alternativa es adaptarse… y proteger a los ciudadanos. Si el cambio es obligatorio, al menos que sea económicamente viable.

Un aviso a Bruselas… y un espejo para España

La decisión italiana va más allá de sus fronteras. Si un país del peso político e industrial de Italia interviene o regula de forma activa el precio de la recarga pública, se crea un precedente potente dentro de la Unión Europea. Y eso puede cambiar el debate.

Hasta ahora, el foco estaba en la autonomía, en el tamaño del pack de baterías, en la velocidad de carga o en los nuevos modelos que llegan al mercado. Pero cada vez está más claro que la batalla real se libra en el precio del kWh. Porque al final, lo que importa al conductor es cuánto paga al terminar el trayecto.

En España la situación no es muy distinta. Aquí también se repite el mismo patrón: ayudas a la compra, planes que van y vienen, incertidumbre administrativa… y precios de recarga pública que, en algunos casos, hacen que el ahorro frente al diésel o la gasolina sea mucho menor de lo esperado. Si Italia demuestra que intervenir puede estabilizar el mercado y dar confianza al consumidor, la presión sobre otros gobiernos será inevitable.

La movilidad eléctrica ha dejado de ser solo una cuestión tecnológica. Ya no se trata únicamente de mejorar la autonomía o abaratar el coste de las baterías. Ahora hablamos de algo mucho más estructural: quién controla el precio de la energía y en qué condiciones acceden los ciudadanos a ella.

Meloni ha entendido que sin certidumbre en el coste operativo, el coche eléctrico seguirá siendo percibido como una apuesta arriesgada. Y en tiempos de inflación y pérdida de poder adquisitivo, pocos están dispuestos a asumir riesgos innecesarios.

Si el plan italiano logra estabilizar y abaratar la recarga pública, podría marcar un punto de inflexión en Europa. Porque el verdadero incentivo para electrificar el parque no es solo un cheque puntual a la compra. Es la seguridad de que, mes tras mes, el coche eléctrico resulta más económico de usar que uno de combustión.

Ahora la pelota está en el tejado de Bruselas. La descarbonización no puede apoyarse únicamente en prohibiciones y objetivos a largo plazo. Necesita una política energética que acompañe. Y, sobre todo, que proteja al consumidor final en el momento clave: cuando enchufa el coche y mira el precio que marca el poste.

Fuente | Motor.es