Una de las conclusiones a las que han llegado los ponentes de las jornadas «Políticas europeas de movilidad urbana. Hacia una ciudad inteligente y segura» organizadas por la Dirección General de Tráfico (DGT) es que las flotas públicas deben priorizar la compra de coches eléctricos.
Según estos, el vehículo eléctrico es un instrumento idóneo para garantizar la seguridad y salud de los ciudadanos ante el considerable aumento de población en zonas urbanas. Una implantación a la que la adopción por parte de los entes públicos, serviría como incentivo para el sector.
Es difícil hacer un censo de coches oficiales en España. Un país de 40 millones de habitantes, con más coches oficiales que Estados Unidos. Se estima que son más de 22.000 los coches destinados al uso por parte de las diferentes administraciones públicas.
La sustitución de los mismos por coches eléctricos tendría un importante impacto en todo el sector. El primero y más evidente sería el aumento de las ventas. Unas cifras muy pobres en España, que hace que marcas como Tesla o Smart, hayan decidido esperar a tiempos mejores para su llegada.
Pero tal vez la mejor parte es que los políticos podrán ver y sentir lo que significa moverse en un coche eléctrico. Sentir la suavidad y el silencio que supone su movimiento. Pero también sufrir la falta de infraestructuras de recarga, que podría suponer un aumento de las mismas. No hay mejor forma de aumentar la inversión en algo, si los políticos sufre de su ausencia.
La tercera es el importante ahorro económico. El gasto en combustible es muy importante, ya que este tipo de coches suelen realizar una gran cantidad de kilómetros cada año. A esto se suma un mantenimiento que en muchos casos ha desvelado casos a abusos e inflamiento de facturas, algo a lo que los eléctricos son menos propensos.
Por lo tanto, las administraciones públicas tienen la responsabilidad de dar un paso adelante, y comenzar a sustituir los vehículos que vayan quedando obsoletos, por modelos eléctricos.
Vía | DGT
