Como muchos habréis visto estos días en los principales telediarios, el Congreso de los Diputados ha rechazado por mayoría los Presupuestos presentados por el gobierno. Algo que tiene muchas consecuencias, entre ellas el punto final momentáneo a las ayudas al coche eléctrico en España.
De esa forma los 67 millones de euros que se tenía previsto destinar a incentivar la movilidad eléctrica y de bajas emisiones, han sido rechazados junto con el resto de iniciativas de los presupuestos con los votos en contra de PP, Ciudadanos, Coalición Canaria (CC), Foro Asturias, Esquerra (ERC) y el PDeCAT, Unión del Pueblo Navarro, EH Bildu, una diputada de En Marea (Alexandra Fernández) y otra de En Comú Podem (Marta Sibina).
Por su parte a favor de los presupuestos han votado PSOE, Unidos Podemos, PNV y Compromís, con una única abstención, la de Pedro Quevedo de Nueva Canarias.
De esa forma por segundo año consecutivo España se queda sin ayudas a la compra de coches eléctricos. Algo casi insólito en una Europa que independientemente de la ideología del partido o colación gobernante, han puesto en marcha medidas a corto y medio plazo para incentivar las ventas. Desde los liberales de Francia, que han mantenido el ambicioso programa heredado de los socialistas, y que ofrece hasta 6.500 euros de ayuda directa sin límite de precio del vehículo, hasta el bloque de izquierdas que gobierna Portugal, que ha puesto en marcha un importante programa que incluye la posibilidad de desgravarse el IVA de la compra de un eléctrico y no tener que pagar impuesto de matriculación.
Algo que ha disparado las ventas en Portugal el pasado año hasta superar en sólo 12 meses el número de matriculaciones de todos los años anteriores en su conjunto, alcanzando los eléctricos una cuota de ventas superior al 5%.
Pero esto no afectará sólo a los que estén pensando en comprarse un coche. También lo sufrirán aquellos que ya tengan uno en propiedad y quieran moverse con el usando las redes de recarga públicas. Y es que una parte del presupuesto del programa de ayudas estaban destinadas a apoyar el despliegue de puntos de recarga públicos. Un despliegue que ahora queda en manos de un sector privado que tendrá que afrontar esta primera fase en solitario.
El resultado será menos ventas, más ventas de coches diésel y gasolina, y el consiguiente incremento de las emisiones contaminantes. Un problema de salud pública, y también económico y de dependencia energética, que como vemos no le importa nada a una clase política más preocupada por otros asuntos.
Ahora el balón de queda en el tejado de las comunidades autónomas, que tendrán que ser las que tomen el relevo y pongan en marcha sus propios programas para tratar de mejorar en la medida de lo posible unas cifras de este 2019 que deberían ser históricas, y que posiblemente se queden en muy buenas…a pesar de todo.
