La red de recarga pública es uno de los tres pilares fundamentales para el correcto despliegue del coche eléctrico. Una industria latente con un gran potencial de creación de puestos de trabajo de calidad que se enfrenta en España a barreras absurdas desde las administraciones públicas, pero también desde algunas compañías eléctricas.
Un ejemplo de esta grave situación provocada por el desconocimiento y desgana que se ha tratado la innovación en nuestro país es el terrible dato de que en la actualidad hay 12.000 puntos de recarga públicos en funcionamiento, pero todavía existen 4.500 puntos listos para funcionar pero esperando recibir el permiso desde las administraciones públicas, o la conexión por parte de la distribuidora. Un dato tremendo.
Pero las perspectivas en general son buenas. Según el clúster del coche eléctrico de España, AEDIVE, gracias al Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) que busca poner en la calle 3,5 millones de coches eléctricos, se plantean las siguientes horquillas en el desarrollo de la red de carga pública en España:
- Hasta 23.000 puntos de recarga de acceso público en 2022
- Hasta 70.000 puntos de recarga de acceso público en 2025
- Hasta 255.000 puntos de recarga de acceso público en 2030
Por supuesto, esto siempre que se eliminen las vergonzosas barreras que se han puesto al despliegue de las estaciones de carga, que frenan el despliegue y las futuras inversiones que se están marchando a otros países más abiertos.
Para AEDIVE, de poner en marcha las medidas necesarias para impulsar la movilidad eléctrica, el objetivo podría ser llegar a los 5 millones de turismos eléctricos en 2030, momento en el que tendríamos que contar con una red de puntos de recarga con al menos 340.000 puntos en marcha. Casi 30 veces la cifra actual.
Esto supondría no solo aumentar las ventas de coches eléctricos, con el impacto en cuestiones como la reducción de emisiones, la creación de puestos de trabajo tanto en la producción de vehículos, como en la producción de baterías, pero además se dará un impulso a las energías renovables.
Pero en este caso hablamos de la red de recarga, que según AEDIVE movilizará más de 3.000 millones de euros hasta 2030 en la instalación de puntos de recarga rápida y ultrarrápida.
Motivos más que de peso para tratar la situación con mucha más seriedad, y fomentando una serie de medidas que proponen desde AEDIVE para ayudar al sector:
- Utilizar la fórmula de la Declaración Responsable en lugar de Licencia de Obra y Licencia de Actividad
- Permitir siempre la actividad de los puntos de recarga en parcelas con actividades existentes
- Permitir la implantación en suelo rústico con los mismos derechos que tienen las estaciones de servicio
- Permitir la exención del permiso de obras cuando la Estación de Recarga se ubica en un Área de Servicio concesión del MITMA
- Eximir o simplificar el proceso de autorización administrativa de aquellas instalaciones de recarga que no requieran expropiación o sean menores de 1.500 kW (el otorgamiento de la Declaración de Utilidad Pública en infraestructuras de más de 250 kW que requieran expropiación ha sido una medida interesante, pero, hoy, la mayoría de estos proyectos no requieren expropiación y se les ha penalizado con un trámite adicional).
Como vemos, peticiones nada descabelladas que no suponen un quebrando para el estado y las diferentes administraciones locales y regionales, que tendrán que ponerse a trabajar para facilitar el despliegue de una red de un gran valor estratégico para un país fuertemente dependiente en el aspecto energético, y con un grave problema de paro, que puede verse beneficiado por toda esta industria en fase de desarrollo.
Fuente | AEDIVE
