Los vehículos eléctricos tienen sus ventajas, pero también inconvenientes. En el condado inglés de Norfolk, al este del Reino Unido, las autoridades empiezan a vislumbrar un problema. Actualmente hay censados 2.631 vehículos eléctricos en un área similar a la provincia de Cantabria. Cuentan con 198 puntos de recarga, de los cuales 44 están en Norwich, capital del condado.
Para el año 2030 la previsión es de 168.279 vehículos eléctricos, que serán el 26,8% del total censados. En 2019 la población de vehículos enchufables era de 1.931 unidades, pero en 2025 habrán aumentado notablemente, hasta 25.924 unidades, casi 10 veces más que ahora. A todo eso hay que añadir que la gente que recarga sus vehículos en casa no siempre dispone de plaza de aparcamiento o de un camino particular hasta la acera.
Dicho de otro modo, hay gente que está sacando cables desde sus casas hasta los vehículos estacionados en la vía pública, cables que pueden interferir el tránsito de peatones por las aceras. Antes de que eso vaya a más, las autoridades se están planteando cobrar una tasa de 51,36 libras -casi 60 euros al cambio- que daría derecho a usar la vía pública para tirar cable durante dos años, y tras comprobar que los cables no impidan el paso a personas con movilidad reducida o que lleven a niños en carrito.
Se plantea como una solución temporal mientras no haya más puntos de recarga. Los políticos locales se preguntan por qué Norfolk tiene que cobrar esa tasa, mientras otros condados no lo están haciendo. Hay quien lo ve como una medida recaudatoria, a fin de cuentas los cables van a estar igualmente en la calle.
En la página web de la ciudad de Norwich encontramos este mensaje: «Si usted desea cargar un vehículo eléctrico en la calle utilizando un cable de corriente a un punto de recarga en su propiedad, no es recomendable hacerlo, porque puede provocar riesgo de tropiezo a los peatones». Existe la preocupación de que los peatones tengan que acabar esquivando cables con frecuencia mientras van por la acera.
La solución al problema parece obvia, que aumente el número de puntos de recarga próximos a la calzada para que se minimicen las molestias causadas a los peatones, pero para eso hay que involucrar dinero público o facilitar la inversión de empresas privadas para ese fin. Dichas inversiones son más difíciles de justificar en pueblos y aldeas poco poblados.
Pero no resulta tan sencillo. Por ejemplo, instalar puntos de recarga de cierta potencia puede implicar reforzar la red local para aguantar incrementos de la demanda de electricidad; en otras palabras, cables más gordos. En algunos casos se puede aprovechar el cableado de las farolas para instalar puntos de recarga, solución que se ha probado en algunas ciudades inglesas como Londres.
Mientras se decide si cobran la tasa de recarga en la vía pública o no, las autoridades de Norwich y Norfolk estarán pendientes de esta cuestión. La recomendación es de usar los puntos de recarga públicos existentes o «utilizar un vehículo híbrido eléctrico que tenga una fuente alternativa de energía»; hablando claro, que tenga un motor de gasolina.
