Hace unos días hemos visto como la Comisión Europea lanzaba una atrevida iniciativa destinada a incentivar la compra de coches eléctricos en el territorio de la unión y donde entre otras cosas se tomaba la decisión de apoyar un sistema de recarga único, al mismo tiempo que se obligaba a los estados a afrontar la instalación de más de 800.000 puntos de recarga.
De esos 82.000 le corresponderían a España, que tendría que afrontar por ley ese gasto con fondos públicos y que ha sido catalogado por la Unión Europea como una estrategia imprescindible para la expansión de la tecnología eléctrica entre los países socios. Pero el principal problema es que esto supondrá una importante inversión económica, para la que algunos como proponen soluciones realmente absurdas.
Se trata de una propuesta que llega desde el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, que ha propuesto al gobierno la imposición de un impuesto de 416 euros a cada coche eléctrico o híbrido que se venda para financiar los 1.039 millones que se estima el coste de la implantación de los 82.000 puntos de recarga.
Los cálculos de estos técnicos es que de aquí al 2020 circularán por España un total de 2.5 millones de vehículos dotados de un sistema de propulsión eléctrica, lo que supondría en estos siete años que nos quedan para alcanzar esa fecha la venta de unos 35.700 unidades cada año, una cifra bastante ambiciosa si tenemos en cuenta que en 2012 apenas se han vendido 400 coches eléctricos y 10.000 híbridos, estos últimos con un descenso del 2.56% de sus ventas respecto al 2011.
Pero si estas cifras ya de por si son muy difíciles de lograr, con la imposición de un nuevo impuesto lo único que se lograría sería incluso reducir más las ventas de este tipo de vehículos, que según los técnicos de hacienda la gratuidad del impuesto de circulación y de aparcamiento son medidas de por si lo suficientemente efectivas para su venta. Incluso desde el sindicato se atreven a dar consejos para la reducción de las emisiones en las ciudades, recomendando una rebaja de la velocidad máxima y una restricción de acceso a los centros urbanos, sin duda buenas ideas que «gustarán mucho» a los comerciantes.
Aparte de decir que estos señores deberían centrar su atención a otros temas más importantes que no vamos a comentar, seguro que lo hacéis vosotros, simplemente decir que una medida para la promoción de los coches eléctricos no puede ser financiada con otra medida que lo desincentiva, una propuesta a todas luces absurda que parece diseñada a medida de un grupo de presión que no está interesado en la progresión verdadera del coche eléctrico.
Lo que debería hacer el gobierno es copiar el sistema de financiación del gobierno francés, que aplica ayudas de hasta 7.000 euros a los coches eléctricos, y un dinero que recauda gravando con fuertes impuestos a los coches más contaminantes, así de fácil y de sencillo.
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