Sin una robusta infraestructura de recarga, los coches eléctricos vivirán un despliegue más lento de lo esperado. Algo que pondrá en riesgo los objetivos de reducción de emisiones contaminantes y que necesita un fuerte compromiso desde los sectores público y privado para lograr expandir una red que según los últimos estudios, tendrán que multiplicarse por 15 en la próxima década.
Así lo indica el grupo de investigación Transport & Environment (T&E) que ha publicado su último informe donde se pone sobre la mesa la magnitud de la expansión futura de las redes de carga.
En total se estima que serán necesarios al menos 3 millones de puntos de recarga públicos para 2030, que ofrecerán sus servicios a una flota de unos 44 millones de vehículos. Una cifra que supone la necesaria para lograr encaminar los objetivos de neutralidad de emisiones de la UE para 2050. Un despliegue que supone multiplicar por 15 los actuales 185,000 cargadores públicos disponibles en la UE.
Para financiar este despliegue se estima que Europa necesitará destinar unos 20.000 millones de euros en los próximos 11 años, o 1.800 millones al año en una inversión que tendrá que combinar el capital público y el privado. Una cifra que puede parecer muy alta, pero que recordamos es para todo el continente y que representaría en su conjunto apenas el 3% del gasto anual de Europa en infraestructura vial en la actualidad.
Además desde el informe se indica también la enorme oportunidad de negocio que supondrá para los operadores que trabajan en Europa no sólo en la instalación de dichos puntos de carga, sino también en su mantenimiento y sistemas de control.
Opinión
Por supuesto debemos entender que este estudio toma como medida la media europea, donde habrá países donde ya habrán hecho los deberes mucho antes, mientras que otros, como España, tendrán que multiplicar por mucho más que 15 su actual red formada por unos pocos miles de puntos de carga públicos.
Un despliegue que tendrá que ser encabezado por el sector público en aquellas zonas donde el sector privado no vea posibilidades de negocio, como zonas rurales, y que tendrá que ser acompañado por una urgente revisión de las normativas referentes tanto a los plazos de las eléctricas en proporcionar servicio a una nueva estación, como también en la respuesta de las administraciones locales o regionales para otorgar los correspondientes permisos para los puntos públicos. Dos factores en los que no se ha puesto interés pero que en España se han convertido en un drama para algunas empresas instaladoras que deben esperar hasta un año desde el final de las obras hasta contar con la energía necesaria.
Pero no es sólo esto lo que se debe hacer desde una administración pública que debe velar por el buen uso de las plazas para la recarga de coches eléctricos, castigando a los modelos convencionales que estacionen en dichas plazas con la grúa y una multa.
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