En 2017 el gobierno de Reino Unido fue el primero en lanzar un proyecto de transición del sector de la automoción, donde se ponía una fecha final a la venta de coches con motor de combustión. Un escenario que muchos calificaron de locura y que suponía que en 2040 no se podrían vender nuevos coches diésel o gasolina. Ahora el gobierno ha confirmado que han adelantado este objetivo en cinco años, y además han endurecido las condiciones.
Este nuevo proyecto ha sido presentado por el primer Ministro y el Ministro de Transporte, que han indicado que a partir de 2035 no se podrán vender coches diésel, gasolina, e híbridos. Pero para sorpresa de muchos también han incluido en el veto a los híbridos enchufables, que tampoco podrán comercializarse tras esta fecha.
Pero no han dejado la cosa ahí. Además de lanzar una aviso a los fabricantes de que en 15 años sólo se podrán vender coches eléctricos en el país, además de modelos dotados de un sistema a hidrógeno, las autoridades británicas han añadido que este objetivo no es fijo, y que de ser posible podrá ser adelantado. Algo que harán siempre y cuando la tecnología y el mercado lo permitan. Un extremo que podría atender a las peticiones de los grupos que presionan para que Reino Unido aplique esta medida ya en 2030.
Esta medida ha supuesto una sorpresa para una industria que en los últimos meses está ampliando su oferta con modelos híbridos enchufables como método para sortear las normas de emisiones de Europa. Pero Reino Unido ya no forma parte de la UE, y podrá tomar un tipo de decisiones como esta que supone todo un riesgo para su potente industria automovilística.
Por un lado los expertos indican que podría facilitar la expansión de las inversiones de marcas como Jaguar-Land Rover o Nissan en sus fábricas situadas en el país. Pero al mismo tiempo se arriesgan a que otros grupos, como BMW y su fábrica de Mini, decidan abandonar su producción y llevarla al continente.
También queda por ver si la industria es capaz de lograr una capacidad de producción para atender la demanda de lugares como el propio Reino Unido, que en 2019 ha matriculado 2.3 millones de coches. Algo que supone la capacidad mundial actual entre todas las marcas.
Otro de los factores que tendrá que tener en cuenta el gobierno es la cuestión de la red de recarga. Un apartado que tendrá que ofrecer una alternativa válida para millones de vehículos en sus desplazamientos diarios, pero también tiene que dar una solución a los también millones de ingleses que viven en apartamentos sin plaza de garaje.
Iniciativas para las que el gobierno de Boris Johnson ha puesto sobre la mesa unos incentivos públicos valorados en 1.500 millones de libras para ayudar en la aceleración de las ventas y la expansión de la red de carga.
Desde la potente Asociación de Automovilistas británicos (AA) se ha indicado que estas medidas cuentan con el apoyo de la mayoría de los conductores ya que están destinadas a reducir las emisiones contaminantes. Al mismo tiempo considera los nuevos objetivos «increíblemente desafiantes» y ante lo que se pregunta si la red eléctrica será suficientemente robusta como para soportar una elevad flota de vehículos eléctricos en 15 años.
Añade el director de la AA un aspecto clave en el debate sobre la prohibición también de las ventas de híbridos enchufables. Indica que su expulsión del mercado puede suponer un paso atrás ya que son una solución de transporte cero emisiones en muchos casos, y que su prohibición podría tener como resultado que muchos usuarios decidan estirar la vida útil de sus vehículos diésel y gasolina, con el problema de emisiones que eso supondrá.
Un debate que seguro traerá mucha cola en los próximos años, pero que pone sobre la mesa que la cuenta atrás para el final del motor de combustión en el transporte personal puede estar más cerca de lo que muchos piensan.
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