La patronal que reúne a los fabricantes de coches en España, ANFAC, y la Asociación de transporte sostenible que integra la cadena de valor del gas y el hidrógeno, GASNAM, ha lanzado una propuesta al gobierno para la creación de una red de estaciones de repostaje de hidrógeno.
El objetivo sería poner en funcionamiento de forma paulatina una red formada por 150 estaciones de repostaje de hidrógeno repartidas por todo el país que se desplegarían para el año 2025.
Por ello, desde ambas asociaciones proponen adelantar el objetivo de tener 150 hidrogeneras que establece la Hoja de Ruta H2 Renovable del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, cinco años antes de lo inicialmente previsto.
Una propuesta que ya ha sido presentada al Gobierno para su valoración y consideración y que piden cuente con el apoyo económico de la administración pública.
Los promotores indican que «el hidrógeno se ha configurado como un vector energético prioritario para cumplir el objetivo de neutralidad climática en el ámbito del transporte. Sin embargo, en la actualidad, presenta barreras de entrada importantes de accesibilidad, uso, regulatorias y tecnológicas, propias de una tecnología que todavía no alcanzado su grado de madurez. Las asociaciones asumen que el punto de partida español es más negativo que el de otros países europeos como Alemania o Francia, dado que no contamos con ninguna hidrogenera de acceso público en la actualidad. Este despliegue de la infraestructura de repostaje es, en opinión de las asociaciones, el primer paso ineludible para la existencia de vehículos de pila de combustible. Así, aunque hay oferta comercial de vehículos de hidrógeno desde 2015, el mercado en España es prácticamente inexistente.»
Y ¿Quién va a pagar esta iniciativa público-privada? Pues si, nosotros. Y es que desde la asociación no se piden ayudas como pueden recibir otras tecnologías, como los puntos de recarga para coches eléctricos. En este caso piden que la administración se haga cargo del total, o casi el total de la inversión necesaria. Entre el 80 y el 100%.
Después de saber que tendremos que pagar la cuenta, la duda es a cuánto asciende. Segú ANFAC y GASNAM: «Los costes de instalación de una estación en función de su capacidad y de si cuentan con generación de hidrógeno renovable in situ pueden oscilar entre 1 y 8 millones de euros, aunque la media de inversión se suele situar entre el 1,5 y los 3,5 millones de euros por estación.»
Esto quiere decir que cada instalación tendrá un coste solo de construcción de unos 2.5 millones de euros de media. Multiplicado por 150 esto nos da un coste inicial de 375 millones de euros solo para arrancar las estaciones.
Pero podemos pensar que el hidrógeno es una buena alternativa y que el gobierno debe ayudar para poner en marcha la red y así los particulares y empresas puedan disfrutar de la misma eligiendo la tecnología que mejor se adapte a sus gustos o necesidades. Pero no.
Y es que la idea es crear una red de repostaje privada, tal como indica la nota de prensa: «Inicialmente, estas inversiones, deberán ir ligadas a flotas de vehículos cautivas que garanticen un consumo mínimo y así, la viabilidad económica de las infraestructuras de generación y suministro asociadas, permitiendo además el uso por parte de flotas privadas.»
Una red que estaría dedicada al repostaje de vehículos industriales ligeros y modelos de larga distancia. Pero nada de coches particulares. Además estos tendrán que vivir en una ciudad de más de 100.000 habitantes, o cerca de una, ya que las instalaciones se centrarán en estos lugares.
La conclusión es que el hidrógeno puede ser una alternativa en diferentes sectores, pero en el transporte personal no lo será. En este caso las asociaciones buscan crear una red de repostaje con un coste astronómico, que tendrá que se sufragado enteramente con dinero público, y que además solo podrán usar algunas empresas o profesionales.
Algo que pone en duda además su rentabilidad a medio y largo plazo en un sector que como las propias asociaciones indican, ninguna hidrogenera de acceso público y donde el mercado en España es prácticamente inexistente.
¿Qué podría salir mal?
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Fuente | ANFAC