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Reino Unido obligará a instalar puntos de recarga para coches eléctricos en las nuevas viviendas y oficinas

El gobierno de Reino Unido está ultimando una nueva normativa que será pionera en el mundo y que establecerá nuevos requisitos a la construcción de viviendas. Una ley que busca disparar el número de puntos de recarga para coches eléctricos y anticiparse a una explosión en la demanda que habrá en los próximos años.

Básicamente lo que esta nueva norma supondrá es que las nuevas viviendas, o lugares de trabajo, tendrán que instalar puntos de recarga para coches eléctricos. Un movimiento que busca acelerar la instalación de puntos privados que según el gobierno británico, se ha colocado en torno a los 500 mensuales, cuando el mínimo establecido por la industria para seguir el ritmo de las ventas es de unos 700 diarios.

Además de buscar ampliar el número, y de paso facilitar la decisión de compra de muchos clientes que no lo han hecho por no contar con un punto en lugares como pisos de alquiler, la norma busca que estos sean inteligentes.

Esto quiere decir que el gobierno busca desplegar lo antes posible una red de cargadores privados con capacidades para comunicarse con la red, y de esa forma poder seleccionar cuándo es el mejor momento para cargar el vehículo.

Esto por un lado permitirá mitigar los futuros picos de demanda del sistema cuando millones de coches se pongan a cargar a la misma hora, pero también permitirá a los clientes poder acceder a energía más económica, y sacar mayor partido a las fuentes renovables como la eólica, de gran presencia en este mercado.

A pesar de esto, un tercio de las viviendas en Reino Unido no tienen una plaza de garaje para recargar de forma privada. Es por eso que desde el gobierno quieren extender su apuesta también por la recarga en los lugares de trabajo.

Espacios donde los conductores suelen pasar buena parte de la jornada, y que con esta ley tendrán que instalar puntos de recarga para sus empleados de forma obligatoria.

Un apartado igualmente crucial, y que hoy en día no supone ningún problema técnico ni operativo para las propias empresas, que cuentan con múltiples herramientas para gestionar e incluso cobrar a sus empleados por el uso de la infraestructura, y que esta no sea una carga para sus cuentas.

Una norma pionera que posiblemente se extienda a otros mercados en los próximos años, y que a pesar de su aparente sencillez, esconde un enorme potencial latente para acelerar la expansión de la movilidad eléctrica entre la población.

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