Suiza debate qué modelo fiscal poner al coche eléctrico para compensar la pérdida de recaudación de los combustibles

El avance de la movilidad eléctrica es un apartado clave para una fuertemente dependiente a nivel energético Europa. Es por eso que prácticamente todos los estados ofrecen ayudas para su implantación. Pero aquellos más avanzados están viendo como comienzan a reducir la recaudación del jugoso impuesto a los combustibles, lo que está llevando a valorar alternativas.

Uno de estos mercados es Suiza. Allí, el pasado año, el 20.9% de los coches matriculados han sido eléctricos a batería. Algo que supone que en las carreteras del país centroeuropeo ya se muevan unos 163.000 coches impulsados por electricidad.

Esto supone un reto para algunos cantones, que están viendo como la recaudación en impuestos a los combustibles están cayendo rápidamente.

El importe y la base de cálculo del impuesto varían de un cantón a otro, un poco como el precio de la matriculación en España, que varía de unas comunidades a otras. En el caso de Suiza, los criterios determinantes son, por ejemplo, la cilindrada, la potencia, el peso total, el peso en vacío y otros una combinación de los anteriores.

En algunos cantones, los vehículos de bajo consumo se benefician de desgravaciones fiscales, mientras que en otros están totalmente exentos durante los primeros años.

Nuevos impuestos a los coches eléctricos

Pero todo esto podría cambiar en breve. Ya a principios de este año, el gobierno de Suiza puso en marcha un impuesto a las importaciones de coches eléctricos. Otro podría seguir los kilómetros recorridos o la corriente consumida, como es el caso del combustible. De hecho, el actual impuesto sobre los combustibles aporta todavía menos dinero a los cantones y las pérdidas se estiman en 300 millones al año.

Para reequilibrar las cuentas, la administración suiza trabaja en varias alternativas. Unas opciones que, por cierto, tendrán que ser aprobadas por la ciudadanía mediante un referéndum.

La primera propuesta quiere gravar la energía utilizada, es decir, los kWh de corriente cargada, según el modelo del impuesto por litro deducido directamente en el surtidor.

La segunda tendría en cuenta los kilómetros recorridos, lo que podría implicar la obligación de conectar un GPS que mida la distancia recorrida por el vehículo.

Técnicamente, la segunda solución parece muy complicada, y más aún en el contexto de la protección de datos personales, incluso si Suiza no está sujeta a las mismas limitaciones que los países miembros de la UE a este nivel.

También queda otra pregunta sin respuesta: ¿qué pasa con los kilómetros recorridos en el extranjero que no están sujetos a impuestos? Se necesitaría un rastreador para indicar cuándo se cruza una frontera, pero esto parece muy complicado, sobre todo porque muchos suizos cruzan regularmente las fronteras con Francia, Italia e incluso Alemania.

Entonces parece mucho más probable un impuesto por kWh, como en el caso de los coches con motor de combustión. Pero en este aspecto también hay cuestiones a tener en cuenta, empezando por que la electricidad ya paga impuestos, por lo que sería una doble imposición económica.

A parte de esto, es que a diferencia de las estaciones de servicio, la electricidad puede proceder de varias fuentes, puntos públicos, privados, pero también puede ser recargada por los usuarios en sus viviendas usando energía solar. Algo que sería difícil justificar el aplicar impuestos y que sería un auténtico «impuesto al sol» de infame recuerdo en España.

La última opción sería un impuesto según el peso del vehículo. Algo que ya están planteando mercados como Francia o Australia.

Opinión

Sin duda la idea de un impuesto especial a la electricidad de los coches eléctricos suena a estas alturas disparatado. Incluso en mercados tan avanzados como Suiza, sería un freno a las ventas de unos vehículos que traen grandes beneficios para los ciudadanos y los estados.

Un ahorro que puede transformarse en mayor consumo interno, más recaudación, y también incentiva la creación de puestos de trabajo cualificado en sectores tan variados como la instalación y mantenimiento de redes de carga, energías renovables, o el ahorro en costes médicos provocados por la contaminación de los vehículos de combustión en las zonas más densamente pobladas.

Algo que posiblemente obligue a los estados a dar una vuelta al modelo de financiación, más que a elevar la carga impositiva con medidas muy negativas a corto plazo para la tecnología.