Francia acaba de hacer algo con los coches eléctricos que España debería copiar

Francia acaba de poner en marcha una medida que busca dar un impulso importante al mercado de coches eléctricos. Desde el 1 de septiembre la compra de coches eléctricos usados puede beneficiarse de una ayuda económica. Una fórmula especialmente interesante para un mercado como el español, donde el precio sigue siendo una de las principales barreras para dar el salto al coche eléctrico.

La medida francesa se financia mediante el sistema de certificados de ahorro energético y está diseñada para facilitar el acceso a coches eléctricos que ya han tenido un primer propietario. No todos los modelos entran en el programa, ya que existen requisitos relacionados con la fecha de matriculación, el estado de la batería y la forma en la que se adquiere el vehículo.

Solo pueden acogerse los coches eléctricos de segunda mano matriculados por primera vez en Francia entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2023. Además, el vehículo debe comprarse o alquilarse a través de un profesional autorizado, por lo que las operaciones entre particulares quedan fuera de la ayuda. En el caso de un alquiler, el contrato debe tener una duración mínima de 36 meses, mientras que en una compra el propietario debe comprometerse a conservar el coche durante al menos tres años.

Aquí aparece uno de los puntos más interesantes de la iniciativa francesa: la batería también tiene que demostrar que mantiene un buen estado de salud. El requisito principal establece que conserve al menos el 80% de su capacidad inicial. De esta forma, la ayuda no se limita simplemente a incentivar la compra de cualquier coche eléctrico usado, sino que introduce una garantía mínima sobre el estado de uno de sus componentes más importantes.

Si no existe un certificado que permita acreditar ese 80% de capacidad, también se puede utilizar como referencia la autonomía que conserva el coche. En este caso, debe mantener al menos 200 kilómetros de autonomía o el 80% de la autonomía que tenía cuando fue homologado. Por ejemplo, un coche eléctrico que originalmente homologase 300 kilómetros tendría que conservar como mínimo 240 kilómetros para cumplir este requisito.

Es una condición que tiene bastante sentido, especialmente cuando hablamos de coches eléctricos que ya acumulan varios años. El comprador de un vehículo usado necesita tener más información que el simple año de matriculación y el número de kilómetros recorridos. Conocer el estado real de la batería puede marcar la diferencia entre encontrar una buena oportunidad o comprar un coche que haya perdido una parte importante de su autonomía.

Una ayuda sin límite de ingresos y con 2.000 euros adicionales en determinados casos

Otra diferencia importante respecto a algunas ayudas tradicionales es que no existe un límite de ingresos para acceder a esta subvención. En principio, cualquier persona que cumpla las condiciones del programa puede solicitarla. Eso sí, no existe una cantidad fija para todos los compradores, ya que el importe depende del operador energético que gestione la ayuda dentro del sistema de certificados de ahorro energético.

Esto significa que el comprador tendrá que comparar las diferentes ofertas disponibles antes de cerrar la operación. La propia Administración francesa recomienda hacerlo, ya que la cantidad final puede variar dependiendo de la compañía que gestione la subvención. El concesionario o profesional autorizado se encarga de tramitar la ayuda, simplificando el proceso para el comprador.

Pero hay un grupo que puede beneficiarse de una ayuda todavía más interesante. Los trabajadores de ayuda a domicilio y los servicios que los emplean pueden recibir una bonificación adicional de aproximadamente 2.000 euros por vehículo, una medida pensada para facilitar el acceso a un coche eléctrico a profesionales que dependen del automóvil para desplazarse diariamente entre domicilios.

Esta ayuda adicional está prevista inicialmente para las operaciones realizadas hasta finales de 2026 y exige algunos requisitos extra. El coche eléctrico usado debe tener un precio máximo de 25.000 euros, impuestos incluidos, y su masa en orden de marcha debe ser inferior a 1.800 kilogramos. También debe cumplir el resto de condiciones generales del programa, incluyendo la fecha de primera matriculación y los requisitos relacionados con el estado de la batería.

La medida resulta especialmente interesante porque ataca uno de los problemas que todavía tiene el mercado de coches eléctricos: el precio de entrada de los modelos nuevos. Mientras los fabricantes siguen intentando reducir costes y lanzar modelos más económicos, el mercado de segunda mano ofrece una vía mucho más accesible para quienes quieren abandonar el motor de combustión sin asumir el precio de un coche nuevo.

Y aquí es donde España debería tomar nota. El mercado español cuenta con una flota cada vez mayor de coches eléctricos que empiezan a llegar al mercado de ocasión, pero todavía existe una cierta incertidumbre entre los compradores sobre el estado de sus baterías. Una ayuda que estuviera ligada a una comprobación objetiva de su estado podría servir para generar confianza y, al mismo tiempo, acelerar la renovación del parque.

Además, una medida de este tipo tendría un efecto bastante más amplio que el de simplemente abaratar la compra de un coche eléctrico usado. Facilitaría que los primeros propietarios pudieran cambiar de coche y pondría esos vehículos a disposición de nuevos compradores a precios más bajos, creando un mercado de segunda mano más líquido.

Francia ha optado por utilizar los certificados de ahorro energético para financiar esta iniciativa, de manera que el coste de la ayuda no recae directamente sobre una partida presupuestaria tradicional. El sistema permite además adaptar la cantidad ofrecida por las compañías participantes, en lugar de establecer necesariamente una cantidad única para todos los compradores.

Para España, el modelo resulta interesante por otro motivo. El mercado de coches eléctricos usados todavía necesita crecer para que estos vehículos dejen de estar asociados exclusivamente a compradores con un presupuesto elevado. Una subvención específica, sencilla y vinculada al estado real de la batería podría ser una herramienta mucho más útil que limitarse a incentivar únicamente la compra de coches nuevos.

En Francia, además, la Administración ha establecido un máximo de cinco coches eléctricos de segunda mano que pueden beneficiarse del dispositivo por persona. La medida está, por tanto, pensada principalmente para facilitar la renovación del parque y el acceso de particulares y profesionales a vehículos usados, no para convertirse en una fórmula de compra masiva de automóviles.

El mensaje para España es bastante sencillo. Si se quiere aumentar rápidamente el número de coches eléctricos en circulación, no basta con mirar únicamente las matriculaciones de vehículos nuevos. Una parte importante del trabajo está en conseguir que esos coches lleguen unos años después al mercado de ocasión con precios razonables y con información fiable sobre el estado de sus baterías.