
El impuesto por kilómetro a los coches eléctricos es una mala idea, y la industria lo avisa
Desde hace tiempo, algunos políticos miopes han pensado que la reducción de los ingresos por impuestos a los hidrocarburos por la expansión del coche eléctrico podría solventarse con la idea de poner un impuesto a estos por cada km recorrido. Una idea de torero bombero que la industria avisa puede ser un verdadero desastre.

El último en proponer esta idea ha sido el gobierno de Reino Unido, que está preparando una norma para cobrar un impuesto por kilómetro recorrido a los coches eléctricos. Pero según la industria del automóvil, esto podría poner en riesgo todo el progreso conseguido en los últimos años.
Así lo ha expresado la Sociedad de Fabricantes y Comerciantes de Automóviles (SMMT), que ve en esta medida un golpe directo a una industria que empieza a despegar de verdad.
Se espera que la medida se detalle hoy, 26 de noviembre, en los Presupuestos de Otoño que presentará la ministra de Hacienda británica. Según la SMMT, este nuevo impuesto contradice abiertamente las políticas recientes para impulsar la movilidad eléctrica y podría infligir un daño grave a todo el ecosistema industrial británico.
En los últimos meses, el Gobierno había ganado cierto crédito en el sector gracias a iniciativas como la puesta en marcha de un fondo de innovación dotado con 2.500 millones de euros, la inclusión de productos automovilísticos en acuerdos comerciales con Estados Unidos e India, ajustes en el mandato de venta de vehículos de cero emisiones (ZEV) y la creación de una nueva ayuda directa a la compra de coches eléctricos. Todo esto, decía la patronal, demostraba una voluntad clara de apoyar el desarrollo económico y la descarbonización del transporte.

Pero la posible introducción de un impuesto por kilómetro amenaza con tirar por tierra ese impulso. El plan prevé aplicar una tasa de 3 céntimos por cada kilómetro recorrido en un coche eléctrico, con el objetivo de recuperar ingresos perdidos por la caída de la recaudación derivada del uso de gasolina y diésel. A esto se suma el nuevo pago anual de 195 euros en concepto de impuesto de circulación (VED), lo que significa que un conductor que haga unos 13.000 kilómetros al año tendrá que pagar 435 euros adicionales.
La entrada en vigor de este nuevo modelo de tributación está prevista para 2028, aunque antes se abrirá un proceso de consulta pública.
Desde la SMMT avisan que señalar a los coches eléctricos con un nuevo impuesto manda el peor mensaje posible a quienes se plantean dar el salto. Y no solo eso: también pone en riesgo el cumplimiento del mandato ZEV, que exige que el 28% de las ventas de coches nuevos en 2025 sean eléctricos, con subidas progresivas hasta llegar al 80% en 2030 y el 100% en 2035. A día de hoy, el mercado ya alcanza un 25,4% de cuota para este tipo de vehículos, lo que indica que el camino no está tan lejos... si se mantiene el apoyo institucional.

Lo que sí está claro es que el nuevo impuesto no se compensaría ni siquiera con más ayudas. Así lo asegura la patronal, que recuerda que los fabricantes ya han invertido más de 8.500 millones de euros en descuentos para cumplir los objetivos actuales. Un paso atrás ahora sería especialmente dañino.
Pero hay más. La SMMT también ha criticado con dureza la decisión de suprimir el plan ECOS (Employee Car Ownership Scheme), un programa que permite a los trabajadores adquirir coches nuevos a precios muy rebajados, con cuotas mensuales bajas y casi sin intereses. Se trata de un sistema muy extendido en la industria automovilística británica, y representa unas 100.000 matriculaciones anuales, aproximadamente un 5% del mercado total. Para los fabricantes, es una herramienta clave para retener talento y renovar flotas con agilidad.
El Gobierno ha justificado la eliminación del ECOS —prevista para el 6 de abril de 2026— alegando que quienes lo utilizan no pagan impuestos sobre la renta en especie ni cotizaciones a la Seguridad Social. Pero la patronal advierte: esta decisión costará a la industria y al Estado unos 1.500 millones de euros anuales y pondrá en riesgo unos 5.000 empleos en el sector de la fabricación. A esto se suman los costes energéticos desbocados y la presión fiscal sobre el empleo, lo que complica aún más atraer inversiones.
Mike Hawes, director ejecutivo de la SMMT, se dirigió al sector y a responsables políticos justo antes del anuncio de los Presupuestos. Reconoció que el Gobierno ha mostrado voluntad de apoyar al sector, con estrategias industriales y acuerdos comerciales que aportan valor, pero advirtió que no todo son buenas noticias. “Con lo bueno ha llegado también lo malo, e incluso lo francamente perjudicial”, dijo, en alusión directa al fin del ECOS.
Para los expertos, el camino no pasa por cobrar por kilómetro, sino por seguir impulsando la demanda. Solo así se podrán generar los ingresos fiscales, empleos, inversiones y productividad necesarias.


