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Un estudio desvela que algunos modelos emiten hasta 15 veces más del máximo legal. ¿Deben las autoridades actuar contra los fabricantes?

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El pasado otoño se ha abierto el melón del modificado de las emisiones contaminantes de los coches diésel y gasolina. Un problema que tiene un efecto directo en la calidad de vida de los ciudadanos. Un verdadero problema de «salud pública».

Un nuevo estudio independiente ha puesto sobre la mesa la gravedad del asunto. Modelos de fabricantes como BMW, Range Rover, Volvo, Peugeot, Jeep, Subaru y Nissan, entre otros, han sido analizados para comprobar sus niveles de emisiones reales, con unos resultados realmente escalofriantes.[blocktext align=»left»]mennekestomaelectricoCalculando las emisiones de CO2 de un coche eléctrico en España [/blocktext]

Según este informe, se ha descubierto que el 95% de los coches diésel en la carretera tienen un nivel de emisiones más alto que el declarado en las pruebas de homologación. Un sistema bajo sospecha, que permite que salgan a la carretera coches que en algunos casos multiplican el máximo permitido en partículas tan peligrosas como el mortal oxido de nitrógeno (NOx).

Como podemos ver en el cuadro, formado casi en su totalidad por los tan de moda todocaminos, hay algunos modelos que multiplican por 15 los límites legales. Resulta sorprendente que un coche de estas características haya pasado un test de homologación. Puede llegar a comprenderse alguna diferencia, sobre todo sin saber si la prueba se ha realizado en las mismas condiciones. Pero incluso en las peores condiciones, un coche no puede llegar a la calle con esos niveles de emisiones.

El caso más escandaloso es el del Jeep Grand Cherokee. Según la normativa europea Euro 6, el máximo legal son 180mg/km para los modelos diésel. En este caso el modelo americano en las pruebas independientes ha promediado 2.7g/km. 15 veces más que el máximo legal.

¿Qué deberían hacer las autoridades? Pues como hemos dicho al principio, estamos ante un problema de salud pública, y por lo tanto debería ser tratado como tal. La justicia debería tomar cartas sobre el asunto y acusar a los directivos de estas marcas de atentado contra la salud, con las consecuencias legales que pueda tener.

Además por supuesto deberían retirarse estos coches de la carretera, e indemnizar a los clientes que los han adquirido.

Vía | Dailymail

 

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