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En 2023 Europa podría tener una ley que obligue a los fabricantes del coche eléctrico a ofrecer baterías con una duración mínima

El coche eléctrico está pisando con fuerza en los mercados y la oferta de nuevos modelos no para de crecer. Pero a pesar de las buenas cifras de ventas, estas quedan lejos aún de las matriculaciones de los vehículos de combustión interna. Uno de los retos de la movilidad cero emisiones, para conquistar mayores cuotas de mercado, pasa por derribar ciertas barretas como la degradación de las baterías, o el temor a quedarse sin autonomía.

Las ventas de vehículos eléctricos e híbridos son una realidad y están aumentando en los principales mercados, incluidos China, Europa y América del Norte, donde alcanzaron los 3 millones de vehículos en 2020, el 4,6% de las ventas totales.

En Europa, su cuota de mercado alcanzó el 10%. Según las proyecciones de la Agencia Internacional de Energía, su cuota de mercado global podría alcanzar entre el 10,4% y el 19% en 2025.

En la actualidad, cada fabricante ofrece un tipo de garantía sobre las baterías que equipan sus nuevos coches eléctricos, que oscila entre 8 y 10 años. En la mayoría de los casos la capacidad debe ser equivalente al 70% respecto al día de matriculación del automóvil.

Minimo de batería por ley

Para aportar mayor transparencia y ofrecer mayor seguridad a los compradores del mañana del coche eléctrico, desde el Foro Mundial para la Armonización de la Normativa de Vehículos, auspiciado por la Comisión Económica de Europa para las Naciones Unidas (CEPE), se ha lanzado una propuesta altamente interesante.

La idea de esta iniciativa parte de la premisa de que los fabricantes certifiquen que las baterías pierden menos del 20% de su capacidad inicial en los primeros 5 años de vida, o 100.000 kilómetros. Tras 8 años o 160.000 km, esta cifra podría ser del 30%.

Para verificar que realmente cada batería del coche eléctrico cumple con lo prometido por el fabricante, el automóvil debería ser capaz de transmitir los datos del estado de su batería al ente nacional competente en la materia, en principio de forma inalámbrica.

El objetivo en mente pretende evitar caídas de rendimiento y capacidad de las baterías, de este modo se puede disipar una de las mayores dudas y temores de los usuarios a la hora de dar el salto al coche cero emisiones puro.

La propuesta se votará el próximo mes de marzo, en el transcurso de la sesión del Comité Europeo de Protección de Datos (WP29). En caso de salir adelante la ley debería ser implementada país a país, como con el resto de normativas de la Unión Europea.

Posible para 2023

En caso de que se aprueba esta iniciativa, una vez finalizados los trámites y aprobaciones por parte de los estados, la ley podría entrar en vigor a partir de 2023.

Además de las ventajas de cara al consumidor que puede suponer dotarse de una ley que garantiza la viabilidad y degradación de la batería, dentro de unos parámetros determinados, el mercado de segunda mano podría ofrecer la garantía ‘certificada’ del estado de la batería, lo que impulsaría el mercado de la movilidad cero emisiones de los vehículos usados.

Para André Rijnders, presidente del Grupo de Trabajo sobre Contaminación y Energía (GRPE), encargado de desarrollar la positiva propuesta, ha declarado: “De acuerdo con el reglamento propuesto, la información precisa sobre el estado de salud y la capacidad residual de las baterías estará disponible de forma gratuita para el propietario del vehículo. Esto dará información valiosa para el mercado de vehículos eléctricos usados​​”.

Fuente | United Nations

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