Espacios como las islas con lugares idóneos para la adopción temprana de los coches eléctricos. Los recorridos no son demasiado elevados, y es fácil poner en marcha una red de recarga suficientemente robusta para dar servicio a todo el territorio. Algo que no impide que de momento muchos lugares que sobre el papel deberían estar liderando la expansión de esta tecnología todavía estén comenzando a arrancar.
Es el caso de Nueva Zelanda. Un estado que para muchos tendría que haber sido la Noruega del coche eléctrico, y donde se reúnen otros factores que favorecen la adopción del coche eléctrico, como es una importante producción de energías renovables, la total dependencia de la importación de carburantes para su movilidad, y también que más del 50% de su población vive en residencias unifamiliares, donde es más fácil la instalación de un cargador.
Ahora después de muchos debates, el parlamento de Nueva Zelanda ha dado luz verde a un programa de ayudas que sin duda será un hito sin precedentes para el estado. Un sistema similar al modelo francés, con fuertes ayudas a la compra de vehículos, al mismo tiempo que se elevan los impuestos a los coches con motor de combustión.
Por un lado los clientes tendrán a su disposición una ayuda para la compra de 8.000 dólares neozelandeses (4.700 euros al cambio) que les servirán para reducir el coste de la adquisición. También se destinará una partida para la ayuda a la compra de coches eléctricos de segunda mano importados, que llegará a los 1.500 euros al cambio.
Por otro lado desde el gobierno se ha puesto en marcha un nuevo sistema impositivo a los coches con motor de combustión, que supondrá grabar la compra de estos en hasta 3.000 dólares neozelandeses, 1.764 euros al cambio, en el caso de los más contaminantes.
El objetivo es acelerar la implantación de una tecnología que en la actualidad apenas supone el contar con 15.000 vehículos recorriendo las carreteras del país. Una cifra que califican de insuficiente y que esperan poder mejorar de forma sustancial gracias a estas nuevas medidas.
Y es que el propio gobierno se ha marcado unos objetivos bastante ambiciosos, como es reducir las emisiones medias de la flota hasta los 105 gramos por kilómetro para 2025, y lograr unas ventas 100% eléctricas en 2030.
Gracias al incremento de los vehículos eléctricos, desde la administración también esperan reducir las importaciones de petróleo, con un ahorro que han estimado supondrá unos 2.000 millones de euros al año, además de evitar la emisión de 5 millones de toneladas de partículas contaminantes a la atmósfera. Dos factores que sin duda ayudarán al gobierno a justificar ante los más críticos estas medidas.
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Fuente | TD