Desde el inicio de esta nueva era del coche eléctrico, son muchos los que se preguntaban qué pasará cuándo una buena cantidad de coches en las carreteras fuesen eléctricos. Aspectos como las redes eléctricas, las de carga, pero también otros como qué sucederá con los jugosos impuestos a los carburantes. Algo que casos reales como el de Noruega nos permiten ver décadas antes de que suceda en nuestro mercado.
Para ponernos en situación, podemos echar un vistazo de lo que recauda España en impuestos a los carburantes. En el caso de la gasolina, estos llegan al 54% del precio de venta al público, mientras que en el diésel de momento, y a falta de su subida propuesta por Europa, los impuestos se quedan en el 49% en el caso del precio final.
Esto ha permitido en el año pre-covid, 2019, recaudar unos 20.000 millones de euros al estado. Casi la mitad de lo que cada año se gasta España en educación.
Impuestos a los carburantes en Noruega
A la vista de que los carburantes son una importante fuente de financiación para el estado, y sin tener en cuenta los gastos que supone el impacto de los mismos en la sanidad, podemos pensar que los estados deberían prepararse para una pérdida de ingresos con la expansión del coche eléctrico.
El caso de Noruega nos permite ver con una importante distancia espacio/tiempo que esto es inevitable. Según los datos del gobierno, los ingresos en forma de impuestos por los combustibles cayeron un 11% entre 2019 y 2020 entre impuestos a los combustibles e impuesto de matriculación, exento para los eléctricos. Algo que indican claramente que se debe a la transición hacia el coche eléctrico y la llegada de coches de combustión cada vez más eficientes.
Y es que la evolución de este mercado ha sido impresionante, y no ha parado de acelerarse en los últimos meses. Entre enero y septiembre los coches eléctricos puros (BEV) se han hecho con el 62.5% de las ventas, mientras que los híbridos enchufables han ocupado un 22.2% de las ventas. Algo que nos indican que entre las dos tecnologías en el acumulado anual se han llevado el 84.7% de las ventas. El resto, 15.3%, se lo han repartido los modelos diésel, gasolina e híbridos convencionales.
El resultado es que desde entre 2015 y 2020, los impuestos pagados sobre los combustibles y de matriculación se han reducido en el país nórdico en 1.066 millones de euros al cambio. Un tiempo en el que la flota de eléctricos pasó de apenas 69.000 a 340.000 unidades, y una cifra que se ha disparado este año con la llegada de una amplia oferta de coches que acumulan entre enero y septiembre unas ventas de casi 100.000 unidades. Un tercio del total de la flota eléctrica del país lograda en los últimos años acumulada en apenas nueve meses.
Durante este periodo, 2015-2020, se redujeron las ventas de gasolina y diésel. La gasolina ha caído un 18%, mientras que las de diésel para automoción lo ha hecho un 7%. Algo que como vemos, ya está teniendo impacto en las arcas del estado.
¿Qué deberíamos hacer en España? (Opinión)
Está claro que las políticas noruegas no tienen por que aplicarse al dedillo en el resto de mercados. Por ejemplo, de los ingresos que ha dejado de recaudar el gobierno, buena parte se debe al impuesto de matriculación, del que están exentos los eléctricos. Una medida que puede ser eliminada en cualquier momento, y una posibilidad que junto con la exención de impuestos ha formado parte de la reciente campaña electoral.
Pero los diferentes protagonistas han estado de acuerdo de que modificar demasiado pronto este aspecto podría ralentizar la implantación de coche eléctrico en un momento clave. Algo que ha provocado que de momento se mantengan las actuales condiciones.
Esto nos indica que un estado altamente independiente energéticamente está apostando por el coche eléctrico, lo que debería ser seguido con más intensidad por aquellos que si son dependientes, como España. Donde el gobierno debería estar apoyando con intensidad su expansión, y no frenándolo con absurdos sistemas de ayudas con condiciones y plazos leoninos.
Y es que la pérdida de ingresos para el estado en forma de impuestos puede ser cubierta con creces con aspectos como la reducción del gasto sanitario provocado por la contaminación por parte de los coches de combustión, pero también incentivando una economía interior de producción de la energía que alimente estos vehículos, como las renovables. Un sector con un valor añadido muy importante y unos salarios más elevados que otros sectores de los que dependemos en la actualidad, como el turismo.
Una mano de obra cualificada que se puede extender a otros sectores periféricos de la movilidad eléctrica, como la instalación y mantenimiento de las redes de recarga, la producción de componentes como motores o baterías, lo que además tendrá como resultado un escenario más atractivo a la hora de producir coches en nuestras fronteras.
La conclusión es que deberíamos prepararnos para una inevitable pérdida de ingresos de los carburantes. Algo para lo que en España tenemos varias décadas antes de tener su impacto. Pero que debería ser acompañada por unas políticas que incentiven no solo la adquisición de vehículos eléctricos, sino también de la formación de los trabajadores para poder afrontar esta transición que en lugares como Noruega como vemos ya está sucediendo.
