La carrera por la electrificación y por la descarbonización del transporte (y en general de la economía española) se está produciendo de una forma progresiva, con tendencias positivas, pero a un ritmo más lento del deseado.
Podemos volver a hablar de los factores que están impidiendo que el vehículo eléctrico despegue en España: altos precios de adquisición, infraestructura de recarga escasa, ayudas insuficientes, autonomías todavía demasiado bajas, incertidumbre…
Ahora, imagínate esta situación en el medio rural, donde el desequilibrio frente a las poblaciones más pobladas es más que evidente. Sobre todo, después de conocer los resultados del segundo informe del Observatorio de Descarbonización Rural, dependiente del colectivo CIDE.
La España rural, lejos de los objetivos
Si, en general, la movilidad eléctrica española parece lejana para cumplir los objetivos para la presente década, la descarbonización en el medio rural lo está todavía más. El CIDE asigna a este medio rural un papel clave para la economía español, de cara también «abrir nuevas oportunidades» y para contribuir al reto demográfico.
Si echamos un vistazo al número de vehículos eléctricos en España en 2021, vemos como del total de nuestro país, 162.000, las zonas rurales representan únicamente el 10% del total y tan solo cuentan con 10,5 mil de estos vehículos por cada Comunidad Autónoma.
El «gran desequilibrio territorial» también se refleja en las intenciones de compra: según el estudio, la mayoría de los encuestados no tiene ninguna intención de adquirir un coche eléctrico en los próximos años y, de planteárselo, no lo harían hasta dentro de 5 años o más.
Y eso que en el mundo rural la antigüedad del parque automovilístico es más elevada que la media nacional. Mientras que el 65% de los coches en España tienen más de 10 años, en el entorno rural ese porcentaje asciende hasta el 80%, superando el 30% los vehículos con más de 20 años.
Preguntados por las principales barreras para poder comprar un vehículo eléctrico, el 40% de los hogares rurales y el 30% de las empresas rurales consideran que el coste de adquisición de este tipo de vehículos es el principal impedimento para la electrificación del transporte en zonas de este ámbito.
La «inadecuada percepción sobre los beneficios de su uso» o la falta de infraestructura de recarga pública también están frenando este proceso de electrificación en las zonas rurales. Según otro estudio, el último Observatorio de Sostenibilidad de la fundación ECODES, mientras que en la España urbana existe un punto de recarga cada 4,11 km2 de media, en la España rural la cifra es de cada 349 km2 de media.
Faltan puntos de recarga, sobre todo los de alta potencia, y el reparto es muy desigual. Según ECODES, las «administraciones públicas no están facilitando al ciudadano de la España rural cumplir con los objetivos de descarbonización, tampoco lo hacen con las empresas que quieren partipar en el negocio de la electromovilidad».
