Que la red de carga es fundamental para el despliegue del coche eléctrico está claro. Pero también que el mal uso de la misma puede suponer otra barrera a la adopción. Esto es lo que cada vez más ayuntamientos están viendo y se han puesto manos a la obra para evitar tanto la ocupación por parte de coches con motor de combustión, como también el mal uso por parte de los propios usuarios de coches eléctricos.
Una de ellas es la capital escocesa, Edimburgo, que cansada de recibir quejas de los usuarios por el abuso de algunos propietarios de coches eléctricos decidiendo en el verano de 2022 poner en marcha una serie de sanciones para los que den mal uso a la red pública.
El resultado ha sido que en menos de un año se han puesto más de 4.000 sanciones. Algo que supone una media de 462 multas por mes, o 15 cada día.
En el caso de Edimburgo, la red pública está formada por estaciones rápidas, pero también una amplia red de cargadores lentos pensados para dar una alternativa a los propietarios sin un punto de recarga privado. Un sistema que permite estacionar un número máximo de horas por jornada, y que no estaba siendo respetado por muchos propietarios.
Para solucionarlo, o al menos intentarlo, la administración local puso un tiempo máximo de estancia en cada punto, por ejemplo en los lentos de 7 kW no se puede estar más de 12 horas. En caso de sobrepasarse, el propietario recibirá una multa de 30 libras, 34.7 euros.
Por su parte en los puntos acelerados, con 22 kW de potencia, el tiempo máximo es de 3 horas, mientras que en las estaciones rápidas de más de 50 kW no se podrá estar más de una hora.
¿Será suficiente para convencer a los usuarios de dar un mejor uso? Pues sin duda las multas son un método bastante efectivo, aunque no definitivo. Desde el ayuntamiento también se buscan medidas que eviten tanto el mal uso como la sanción, con por ejemplo, un sistema de avisos a los teléfonos de los clientes de que se acerca el momento de mover el vehículo.
Un formato bastante interesante que podría ser completado con otros como un sistema en escala de las sanciones, que vaya desde un simple aviso para la primera infracción, hasta una acumulación de las cantidades aumentando cada vez que sea multado, incluso con la amenaza de la prohibición del uso de la red si persiste el abuso.
