La chapuza del Plan Moves vuelve a quedar al descubierto: miles de compradores pueden quedarse sin cobrar la ayuda
El Moves III de 2025 vuelve a poner sobre la mesa los problemas de las ayudas públicas a la compra de coches eléctricos en España; varias comunidades reconocen que no podrán atender todas las solicitudes pendientes lo que dejará a muchos clientes tirados sin poder cobrar sus ayudas.
El Plan Moves vuelve a demostrar por qué el sistema de ayudas a la compra de coches eléctricos necesita algo más que una inyección de dinero. Según informa La Tribuna de la Automoción, al menos cinco comunidades autónomas no podrán atender todas las solicitudes pendientes del Moves III de 2025, incluso después de la ampliación presupuestaria aprobada por el Gobierno a finales del año pasado. Hay compradores que hicieron su parte, adquirieron un coche, presentaron la documentación y todavía siguen esperando una respuesta que, en algunos casos, ni siquiera llegará con dinero.
El problema afecta, al menos, a Madrid, Andalucía, Castilla y León, Navarra y Extremadura. Son territorios que han confirmado que no podrán resolver favorablemente todos los expedientes que permanecen en lista de espera. Y eso deja en una situación especialmente complicada a quienes confiaron en unas ayudas que, sobre el papel, estaban disponibles cuando tomaron la decisión de comprar un coche electrificado.
La situación resulta todavía más llamativa porque en diciembre se aprobó una ampliación de 400 millones de euros para intentar cubrir precisamente ese agujero. De esa cantidad, las comunidades autónomas solicitaron y recibieron un total de 381,76 millones de euros, que elevaron el presupuesto acumulado del programa hasta 781,76 millones. La única comunidad que no pidió fondos adicionales fue Murcia.
En aquel momento, el Gobierno defendió que la ampliación permitiría evitar que los solicitantes se quedaran en la estacada. Sin embargo, varios meses después la realidad vuelve a demostrar que el problema del Moves no era únicamente una cuestión de presupuesto. También es un problema de diseño, gestión y plazos, especialmente cuando las administraciones tienen que tramitar miles de expedientes con procedimientos diferentes y con el comprador esperando durante meses para recibir un dinero que ya ha adelantado.
El caso de Madrid resulta especialmente significativo. La Comunidad calcula un déficit de 24,73 millones de euros en la línea destinada a la adquisición de coches y otros 11,3 millones en la correspondiente a los puntos de recarga. Y eso después de haber realizado tres reasignaciones de fondos procedentes de expedientes caducados, desistimientos, minoraciones y denegaciones, con las que se liberaron unos siete millones de euros. Además, está prevista una cuarta reasignación de otros 1,5 millones.
El origen del problema está también en que durante las últimas semanas de diciembre de 2025 la llegada de solicitudes fue muy superior a la prevista. El resultado es una situación difícil de solucionar ahora, porque el programa ya terminó y las administraciones tienen que intentar encajar recursos de un ejercicio cerrado con expedientes que siguen pendientes.
En Castilla y León el problema se concentra principalmente en las ayudas para vehículos. La comunidad ya ha comprometido prácticamente todo el presupuesto disponible para esta línea, mientras que parte del dinero destinado a puntos de recarga ha podido ser transferido porque no existían suficientes solicitudes para utilizarlo. Navarra, por su parte, asegura que ya ha concedido todas las partidas disponibles y está reclamando nuevas ampliaciones al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).
Extremadura tampoco podrá cubrir todas las solicitudes de la línea destinada a vehículos y está trabajando con el Ministerio para intentar redirigir recursos sobrantes hacia las partidas que presentan mayor demanda. La fotografía que dejan estas comunidades es bastante clara: tener un presupuesto global elevado no garantiza que el dinero llegue al comprador que presentó correctamente su solicitud.
Y aquí aparece uno de los grandes problemas del modelo español. El usuario compra el coche confiando en una ayuda pública, adelanta el dinero y posteriormente entra en un proceso administrativo que puede prolongarse durante meses o incluso años. Si finalmente no hay presupuesto suficiente, el comprador puede encontrarse con que cumplió todos los requisitos, pero la ayuda no llega.
No todas las comunidades están en la misma situación. Aragón, Comunidad Valenciana, Galicia, Baleares y Murcia consideran que podrán atender todas o prácticamente todas las solicitudes pendientes, aunque en algunos casos será necesario realizar movimientos internos entre las diferentes líneas del programa.
Galicia, por ejemplo, prevé atender todas o casi todas las operaciones después de haber transferido 1,37 millones de euros desde la línea de puntos de recarga y los gastos de gestión hacia la destinada a vehículos. En la Comunidad Valenciana también se contempla trasladar recursos desde los cargadores hacia las ayudas para coches.
El caso de Murcia es diferente. La comunidad considera que podrá responder a todas las solicitudes porque calcula que alrededor del 40% de los solicitantes desiste o finalmente no cumple los requisitos. Es un porcentaje considerablemente superior al comunicado por otras autonomías y que reduce de forma importante la cantidad de expedientes que finalmente necesitan financiación.
Mientras tanto, Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña, La Rioja, País Vasco y Asturias cuentan con una situación presupuestaria más cómoda. Tras las ampliaciones realizadas, disponen de fondos suficientes para cubrir el conjunto de expedientes recibidos en las diferentes líneas.
Pero incluso si algunas comunidades consiguen cerrar el problema, queda una cuestión de fondo que afecta a todo el sistema. ¿Qué ocurre con los expedientes válidos que se quedan sin dinero? La respuesta, de momento, no resulta sencilla.
Fuentes de la Administración reconocen que es muy complicado articular recursos con carácter retroactivo para un programa que terminó el 31 de diciembre de 2025. Es decir, el problema no se soluciona simplemente anunciando otros fondos. Hay que encontrar una fórmula legal y presupuestaria que permita destinarlos a un programa que ya ha finalizado.
Y esto es precisamente lo que debería hacer reflexionar sobre el futuro de las ayudas a la compra. El objetivo de un programa de incentivos debería ser que el comprador conozca cuánto dinero recibirá, cuándo lo recibirá y bajo qué condiciones, antes de decidirse a comprar. El Moves ha conseguido justo lo contrario en demasiadas ocasiones: una ayuda que se anuncia como incentivo inmediato, pero que en la práctica puede convertirse en una promesa de cobro a varios meses vista.
El problema no es menor. Comprar un coche supone para muchas familias uno de los mayores desembolsos económicos que realizan durante años. Si una administración anuncia una ayuda de varios miles de euros, es lógico que ese importe pueda influir en la decisión de compra. El problema aparece cuando el comprador descubre después que la ayuda depende de una lista de espera, de la disponibilidad presupuestaria de su comunidad y de un proceso administrativo cuya resolución puede demorarse durante mucho tiempo.
Y aunque el nuevo Plan Auto+ de 2026 intenta corregir algunos de los defectos del Moves, tampoco ha eliminado por completo este problema. El nuevo sistema cambia el planteamiento y busca simplificar la gestión de las ayudas, pero el comprador sigue teniendo que asumir inicialmente el proceso y esperar posteriormente a que el dinero sea abonado.
Es un paso en la dirección correcta, pero insuficiente si lo que se pretende es que las ayudas tengan un efecto real sobre el mercado. Una subvención que llega mucho después de comprar el coche no funciona igual que un descuento aplicado directamente en el momento de la compra.
La diferencia puede parecer administrativa, pero para el consumidor es enorme. En el primer caso, el comprador tiene que disponer del dinero suficiente para pagar el vehículo y después esperar. En el segundo, el incentivo reduce directamente el precio que tiene que afrontar desde el primer día.
El Moves III deja además una lección especialmente importante: no basta con anunciar una cantidad millonaria para solucionar un programa de ayudas. Hay que diseñar un sistema capaz de tramitar las solicitudes a tiempo, distribuir el presupuesto allí donde realmente existe demanda y ofrecer al comprador una certeza razonable sobre el dinero que recibirá.
Mientras tanto, el capítulo anterior del Moves también está llegando a su final. El programa correspondiente al periodo 2021-2024 tenía que quedar resuelto antes del 30 de junio de 2026 para cumplir con los plazos establecidos por la Unión Europea relacionados con los fondos comunitarios. Según los datos disponibles, prácticamente todas las comunidades han conseguido resolver sus expedientes.
La excepción es Galicia, que señala que ha alcanzado prácticamente el 100% de las resoluciones. Madrid, por su parte, mantiene 30 solicitudes sin certificar debido a falta de documentación, aunque asegura que serán tramitadas con recursos regionales.
Según los datos manejados por el IDAE, el Moves III 2021-2024 contaba con un presupuesto de 1.335,9 millones de euros. Hasta el cierre de junio se habían concedido 1.101,5 millones, alrededor del 82%, aunque las comunidades indican que el grado de resolución alcanzó prácticamente el 100% al finalizar el plazo.
El problema es que estos datos no borran lo ocurrido con la siguiente convocatoria. El Moves III de 2025 ha dejado compradores que todavía no saben si cobrarán una ayuda que, cuando compraron el coche, se presentó como un incentivo disponible. Y ese debería ser el principal aprendizaje antes de volver a diseñar cualquier programa de apoyo a la movilidad eléctrica.
Si el objetivo es acelerar la renovación del parque automovilístico y facilitar el acceso a los coches eléctricos, el sistema debería ser mucho más sencillo: una ayuda clara, un presupuesto suficiente, una tramitación rápida y, sobre todo, certeza para el comprador.
Porque después de años de Moves, el problema ya no es convencer al consumidor de que existen ayudas. El verdadero problema es conseguir que pueda confiar en que vaya a cobrarlas. Algo que, como vemos, no está del todo claro.
