La cuestión era la siguiente. Unos empresarios franceses recibieron un pedido de coches eléctricos para exportar a Noruega. Estos coches recién matriculados, contaban con la ayuda de hasta 7.000 euros del gobierno francés, lo que los hacía más atractivos. Para frenar este problema, el gobierno francés puso una limitación.
Cualquier coche primado, debería estar en posesión de su dueño un mínimo de seis meses o 6.000 kilómetros, lo que llegase antes. Pero estos avispados empresarios lograron encontrar la fórmula para saltarse dicha medida.
Sólo en el periodo investigado, entre octubre de 2013 y mayo de este año, se registraron entre 30 y 40 coches exportados de esta forma. La investigación se desencadenó por un aviso del banco encargado de realizar las transferencias. Esto permitió además descubrir que estas empresas contaban con pedidos por valor de 400 millones de euros. Unos pedidos que ahora no podrán cumplir.
La fiscaliza francesa acusa a los empresarios de defraudar 4 millones de euros en el bono ambiental. Además estos se llevarán de propina una acusación de fraude organizado, conspiración y lavado de dinero en bruto.
La cuestión es que Francia se ha convertido en un polo de atracción por sus fuertes incentivos. Un polo que a la vista de las circunstancias, podría ocupar España con sus 6.500 euros, si el nuevo plan del gobierno no incluye alguna limitación que lo evite.
Vía | La-croix
