El pasado año el Reino Unido sorprendía al mundo con el anuncio de que en 2040 se daría por finalizada las ventas de coches diésel y gasolina. Una norma con mucho de publicitario, pero que a pesar de lo lejano de su aplicación ha tenido algunas consecuencias positivas. Pero para un grupo de Parlamentarios británicos no es suficiente, y es necesario no sólo adelantar la fecha, sino que el propio gobierno ayude con fuertes inversiones la expansión del coche eléctrico.
Este grupo ha indicado que el actual programa es vago y poco ambicioso, y de esa forma han solicitado a la primera ministra que adelante la fecha ocho años, y la norma que prohiba la venta de modelos con motor de combustión interna se finalice ya en 2032.
Añaden también que desde las administraciones una vez lanzadas las propuestas, no pueden dejar todo el peso de las inversiones en manos del sector público. De esa forma indican que desde el sector público deben poner en marcha medidas que faciliten la adquisición de coches eléctricos no sólo a las rentas más altas. Piden por ejemplo que se pongan en marcha programas de incentivos para la adquisición de eléctricos de segunda mano.
Además también han afirmado que sin una amplia red de recarga será muy complicado convencer a los consumidores de dar el salto a un coche eléctrico. Una red que permitirá una verdadera transición hacia formas de movilidad sin emisiones, y que es otro de los pilares para la aceleración de la implantación del coche eléctrico. Un despliegue que depende en gran manera de la colaboración publica-privada, que permita acortar plazos para completar los trámites burocráticos, al mismo tiempo que se financia parte de la propia red.
Según los responsables de esta iniciativa «El gobierno debe controlar y coordinar el apoyo financiero y los conocimientos técnicos necesarios para que las autoridades locales promuevan esta infraestructura y ayuden a garantizar que los coches eléctricos sean una opción atractiva para los consumidores«.
Desde la influyente asociación de conductores británicos, RAC, se indica que todavía hay barreras importantes que impiden a los usuarios adquirir un coche impulsado por energías alternativas, entre ellos el coste inicial, el acceso a la infraestructura de recarga, y el tiempo necesario para cargar un vehículo.
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