Si eres de los que piensa que los 65 millones de euros con los que el actual gobierno ha dotado al Plan MOVES 2 te parece un despilfarro en «coches para ricos» seguramente no sepas que por detrás las administraciones públicas están subvencionando de forma directa con miles de millones la compra de coches diésel y gasolina. Un grave problema que supone premiar con deducciones fiscales a los coches contaminantes.
Así lo ha mostrado un estudio realizado por la organización Transport & Environment, que ha estimado el coste que supone para las arcas públicas las deducciones fiscales que las empresas pueden hacer a la hora de comprar un coche. Tanto en el IVA como en el impuesto de sociedades.
Y es que el canal de empresas es uno de los más importantes en Europa. Su peso varía según el mercado, con algunos como Polonia donde el 71% de los vehículos que llegan al mercado lo hacen por este modelo. En Países Bajos el 67% mientras que en España supone más de la mitad de las matriculaciones de vehículos con un 53% por este canal.
Esto supone para Europa un coste anual de unos 32.000 millones de euros en unas adquisiciones que en un 96% supone la matriculación de un coche diésel o gasolina. Un coste que supone de forma directa subvencionar con dinero público a los coches contaminantes.
Y es que a pesar de los llamamientos a la reducción de emisiones, y los informes que indican que en el coste total del vehículo un eléctrico será más rentable, las empresas continúan atadas al corto plazo optando por las versiones con motor de combustión por razones que pueden ir desde el miedo a apostar por lo nuevo, o la incertidumbre por el valor residual.
Según el informe, un coche eléctrico es un 9% más barato que el coche con motor de combustión: 0,37 € / km frente a 0,41 € / km. Esto significa que una empresa que utilice un coche totalmente eléctrico en lugar de un diésel ahorraría 4.320 euros de media durante un período de 4 años.
Esto en un solo vehículo. Pensemos en que las 10 mayores flotas de coches de empresa acumulan un total de 10 millones de vehículos en total. Las cifras de ahorro económico y de emisiones serian enormes, con una estimación de que sólo estas diez compañías son responsables de emitir unas 44.3 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera cada año. Unos vehículos que como vemos, han llegado al mercado con una importante ayuda pública.
En el caso de España, el gobierno ha puesto en marcha el Plan MOVES 2, dotado de un presupuesto de 65 millones de euros y que se repartirá entre la subvención de coches eléctricos, motos y bicicletas, pero también las ayudas a la infraestructura de recarga.
Al mismo tiempo en forma de desgravaciones y deducciones, las empresas se ahorran cada año 2.200 millones de euros, que además casi totalidad supone la adquisición de un coche diésel o gasolina.
¿Cómo revertir la situación?
Desde Transport & Environment se proponen varias medidas que ayuden a acelerar la transición de los coches de empresa hacía formas más sostenibles. Entre ellas está claro que la urgente necesidad de una reforma fiscal que elimine las ayudas públicas directas e indirectas a los coches con motor de combustión, manteniéndolas sólo para los coches eléctricos. Algo que sin duda tendría un efecto definitivo entre muchas compañías que optaría por fin por electrificar sus flotas.
Incentivar la instalación de puntos en los lugares de trabajo. Aunque el teletrabajo está ganando peso, la realidad es que muchos europeos todavía deben acudir a su empresa de forma presencial. Y una forma de incentivar el uso de coches eléctricos es que dispongan de una estación de carga en su destino. Algo que hoy en día ni siquiera debe suponer un gasto para la empresa a la hora del consumo eléctrico, ya que hay tecnología a su alcance como para cobrar a sus empleados por la energía recargada.
La caída de los valores residuales de los coches con motor de combustión también deberían ser un elemento muy a tener en cuenta por las empresas a la hora de renovar sus vehículos. Y es que con la llegada de una amplia variedad de vehículos, y la mejora constante de sus capacidades, el valor de los modelos diésel y gasolina no harán más que bajar. Algo a lo que también ayudarán las cada vez más habituales medidas de restricción de acceso de los modelos contaminantes al centro de muchas ciudades europeas.
Opinión
Un apartado que no se menciona en el informe es la vida útil del propio vehículo. Normalmente un coche de empresa suele ser sustituido a los tres, cuatro o cinco años, para evitar mayor depreciación al acumular el vehículo demasiados kilómetros. Algo que también puede tener como resultado el aumento de las reparaciones y los mantenimientos.
Pero con un coche eléctrico esta fórmula cambiará de forma radical. No sólo por la inherente mayor fiabilidad de un sistema eléctrico simplemente por contar con muchas menos piezas que un motor de combustión. También por la cada vez mayor resistencia de las baterías que hará posible mantener un coche sin apenas pérdidas de prestaciones durante muchos más años de lo que estamos acostumbrados. Un aspecto que hará que las cuentas a largo plazo sean mucho más favorables no sólo por el coste operativo, sino por la mayor diferencia entre rotación de vehículo. Algo que se traduce en ahorro económico.
La conclusión es que desde el sector público no se están tomando las mínimas medidas para lograr acelerar la transición hacia formas de movilidad sostenibles. Algo incomprensible a la vista de los enormes beneficios que podría obtener Europa de una flota eléctrica. No sólo desde el punto de vista del ahorro económico, sino también de la reducción de emisiones que cada año mata a cientos de miles de personas sin que esto sea portada en ningún medio. Podemos añadir la dependencia energética que supone entre otras cosas, tener que tragar sapos y culebras en aspectos de derechos humanos con los estados que nos venden petróleo o gas, y que habitualmente van totalmente en contra de los principios de una Unión Europea sumisa por culpa de la energía.
Informe completo | Transportenvironment
