El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) está quedándose corto, las previsiones están siendo desbordadas en lo relativo a instalación de más centrales eléctricas renovables en España. Este desborde ha quedado patente por un atasco administrativo en la tramitación de los proyectos, especialmente a nivel autónomico, lo que perjudica a los proyectos de menor calado.
El citado PNIEC contempla la puesta en marcha de otros 60.000 MW de capacidad de generación renovable a lo largo de la década. Si nos fijamos en los datos de Red Eléctrica de España a cierre de 2021, se han presentado solicitudes para instalar casi el triple, 176.000 MW, de las cuales 147.100 MW ya cuentan con permisos para el enchufe a la red.
Recientemente vimos que en materia de centrales de bombeo la previsión de 6.831 MW adicionales a los actuales hasta 2030 se iba a quedar muy corta. Solo con los proyectos presentados durante 2021 -antes de finalizar el año-, se combinan 8.435 MW de potencia adicional, por lo que de aprobarse todos ya quedarían superados los objetivos con años de anticipación. Si hablamos de renovables en general, está pasando lo mismo.
Las novedades regulatorias han auspiciado otro boom de las energías renovables en España, aunque en cierto modo también se ha alimentado una burbuja. Se han dado casos de promotores que han obtenido los permisos de conexión a red pero no tenían tras de sí un proyecto real de construcción, sino coger sitio en la cola y luego revender el proyecto con sus permisos a terceros, como empresas energéticas o fondos de inversión, para así lucrarse.
Para que no se dieran esas situaciones, el Gobierno de España puso filtros. Los proyectos de menos de 50 MW los tramita el Ministerio para la Transición Ecológica, pero los de menor calado se gestionan a través de las Comunidades Autónomas. Estas se están viendo incapaces de tramitar las solicitudes dentro de los plazos preceptivos.
De los 176.000 MW solicitados, hay 29.000 MW en proyectos que están en fase de estudio y que podían acabar caducando por silencio administrativo. Para evitarlo, el ministerio liderado por Teresa Ribera amplió los plazos en otros nueve meses para que se pudiera cumplir algún hito intermedio, como la declaración de impacto ambiental o la autorización administrativa previa.
La ministra se explayó a este respecto durante el 19 Encuentro de Energía del IESE, celebrado la semana pasada, calificando de «frustrante» la falta de medios en las CCAA para sacar adelante el papeleo: «Tuvimos que ampliar los plazos porque las Administraciones Públicas no estaban dando respuesta». Cientos de proyectos podrían verse fuera de no haberse hecho nada.
Para tratar de poner solución al aluvión de solicitudes, a lo largo de este año se va a poner en marcha una subasta de accesos a la red, concretamente antes del verano. Además de tenerse en cuenta los criterios económicos del proyecto, también pesarán los criterios de empleo, de impacto social y medioambiental. Esto debería estimular la competencia entre los promotores de proyectos.
Es una buena noticia que el Gobierno se quede corto en sus previsiones de instalación de renovables, porque eso significa que la descarbonización llegaría con años de adelanto, presionando a la baja los precios de la electricidad y logrando la tan deseada independencia energética que tanta falta hace a nuestra red eléctrica.
Fuente | El Periódico de España
